Fuente: diariodemallorca.es
La nueva Ley de Caza, que impulsa el Consell de Mallorca mediante una iniciativa popular, establece zonas de seguridad donde está del todo prohibido cazar. Una de las principales es la restricción de disparar a menos de 100 metros de núcleos urbanos o 25 metros de vías y caminos públicos. El incumplimiento de estas zonas de seguridad pueden suponer importantes sanciones que van de 2.000 a 20.000 euros y la retirada del arma. El objetivo es evitar accidentes de excursionistas o residentes en zonas rurales con el desvío de algún disparo de un cazador.
El presidente de la Federación Balear de Caza, Jaume Ripoll, indicó que estas zonas de seguridad ya se respectaban. «Ningún cazador dispara en dirección a los caminos o al lado de las zonas pobladas», aseveró. Pese a que la mayoría de cazadores respetaba las zonas de seguridad, esta es la primera vez que se regulan de forma clara en la Ley de Caza.
Ripoll se mostró satisfecho con el texto de la Ley de Caza, una normativa que su organización ha venido participando en la redacción por expreso deseo de la consellera insular de Medio Ambiente, Catalina Soler.
Además de caminos, carreteras y zonas urbanas, se establecen como áreas de seguridad las zonas de dominio público marítimo terrestre y las aguas públicas o de dominio público y los embalses. Esta franja de seguridad tiene el objetivo de evitar la caza en las inmediaciones de las playas.
Del mismo modo, no se podrá cazar a menos de 100 metros de las granjas agrícolas, las zonas de cultivos de frutales y las zonas recreativas de acampada.
Por otra parte, el grupo ecologista GOB ha presentado un recurso contra la orden de veda que regula el periodo de caza de tordos emitida por el Consell de Mallorca. Según los ecologistas, este año se ha establecido el periodo más largo de los últimos 30 años: desde el 12 de octubre al 10 de febrero. El GOB recuerda que el tordo es una ave migratoria y empieza su retorno al norte de Europa en los primeros días de febrero. «La caza del tordo en febrero incumple normativas estatales y europeas», indicaron. El grupo ecologista anunció que prepara un recurso ante la Unión Europea.
