“Ante la absoluta falta de prueba”, la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Tudela dictó ayer la absolución del expresidente de la Sociedad de Cazadores de Cascante al que el actual dirigente del colectivo cinegético, en nombre de la asociación, acusaba de un delito de apropiación indebida por vender más tarjetas de caza de las acordadas en junta y no ingresar los beneficios de dicha venta en la cuenta de la sociedad. El fallo de la jueza, contra el que el que cabe recurso, estima que “en modo alguno se ha acreditado que el expresidente dejara de ingresar el importe de ninguna de las tarjetas de caza cobradas por el expresidente” ni que “se lo quedara para su beneficio exclusivo”.
En este sentido, la magistrada otorga la razón a la defensa realizada por el letrado del expresidente, Vicente Tabuenca, que argumentaba que “no se ha practicado prueba de cargo suficiente como para quebrar la presunción de inocencia del acusado”, y recuerda que “él mismo negó en todo momento haberse quedado con el dinero de las tarjetas o haber vendido el importante y cambiante número de tarjetas” que se le imputaba. De hecho, el fallo considera acreditado que el expresidente no hizo otra cosa que “lo que se venía haciendo de siempre en la sociedad cuando se vendían tarjetas a los cazadores”, una dinámica que siguió tanto él como el propio denunciante, que actualmente ostenta la presidencia de la Sociedad de Cazadores de Cascante.
Sobre la posibilidad tampoco probada de que en las cuentas del colectivo pudiera haber algún error de gestión, la sentencia apunta que “ha quedado también acreditado que el expresidente fuera el encargado de llevar estas cuentas ya que existía en la junta el cargo de tesorero, que no recaía en él”.
CONTRADICCIONES
Parte destacada de los fundamentos de la sentencia de absolución hacen hincapié en la declaración del denunciante, “acusador particular, exsuegro del expresidente y actual presidente de la sociedad cascantina”, recuerda la jueza. Sobre dicha declaración, la magistrada observa que, como esgrimía la defensa, en ningún acta ni junta de la sociedad se trató o se acordó denunciar al anterior presidente, es más, “queda acreditado que en la actualidad la mecánica o forma de vender o comprar las tarjetas y la forma de llevar las cuentas de la Sociedad de Cazadores siguen siendo las mismas, no constando libros contables, sólo la cuenta del banco con los ingresos por la venta de tarjetas”. En este sentido, el propio denunciante manifestó que “en la gasolinera de la localidad se habían vendido muchas tarjetas de caza por una persona que él no conocía”. Para Vicente Tabuenca, abogado del expresidente ya absuelto, “estas declaraciones tan contradictorias iban en contra del propio denunciante” y “es fundamental recordar que para hacerlas no obtuvo el refrendo de nadie, ni en junta ni en reunión, pero actuó como denunciante en nombre de la Sociedad de Cazadores de Cascante”.
Respecto a ello, apuntó que su cliente “está ciertamente dolido y estudia acciones legales por el perjuicio sufrido en este proceso” en el que el actual presidente del colectivo “interpuso una demanda que no le va a suponer coste alguno porque la llevó a cabo en nombre de la Sociedad de Cazadores, aún sin el refrendo de sus integrantes”.
APUNTES
La Sociedad de Cazadores de Cascante cuenta con 198 socios fijos y otros 43 “invitados” de fuera del municipio ribero que pagan la tarjeta de caza (500 euros) para desarrollar la actividad cinegética en una parte concreta del coto cascantino. El cobro de estas tarjetas, en mano y en metálico, lo realizan tanto el presidente (el actual y el anterior) como el guarda, por orden del presidente.
