De forma paralela a la aprobación de la Ley de Caza en el Senado, primero, y en el Congreso de los Diputados, ayer, tras la introducción de las 17 enmiendas salidas de la Cámara Alta, el Consejo Director del Parque Nacional de Cabañeros aprobó la puesta en marcha de acuerdos con los propietarios de fincas privadas que tienen terrenos en el interior del parque para que sean los dueños de los cotos los encargados de hacer los controles de poblaciones de las especies animales, adaptándolas a las poblaciones existentes en el parque. Estos convenios, que se encuentran en periodo de negociación en su mayoría, podrían extender la actividad cinegética en las propiedades privadas más allá de la prórroga de seis años recogida en la nueva ley.
El presidente de Aproca, Luis Fernando Villanueva, aseguró que para afirmar tal extremo «tenemos que esperar para ver exactamente qué tipos de acuerdos se alcanzan», y defendió que la mejor manera de mantener el control sobre las poblaciones de especies animales «es hacerlo como se está haciendo hasta ahora, con batidas, monterías, etcétera». Además, esos acuerdos podrían recoger también las indemnizaciones a satisfacer por parte de la Administración para compensar a los propietarios privados por el cese de la actividad cinegética. «El control poblacional no es ni más ni menos que un eufemismo de caza, y creemos que se debe hacer como hasta ahora», enfatizó.
