Las últimas denuncias en torno al furtivismo en la comarca sanabresa ha desatado una serie de reacciones. Tras la de la Federación de Caza, que acusa de «complacencia y colaboración» a los encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, es ahora la Federación de Servicios Públicos de UGT la que responsabiliza directamente a la Consejería de Medio Ambiente de haber entrado «en una peligrosa conducta de dejación de funciones, despreocupándose de dotar de unos mínimos medios para mejorar la eficacia».
Los trabajadores de Medio Ambiente van más allá y subrayan lo que bajo su punto de vista es una «total descoordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se traduce en una merma de rendimiento a la hora de perseguir ilícitos penales».
La Consejería de Medio Ambiente, en respuesta a estas acusaciones, se ha limitado a remitirse a las declaraciones efectuadas durante los últimos días por el delegado territorial, Alberto Castro, en su postura de hacer frente al furtivismo e investigar todas aquellas prácticas irregulares que se detecten.
Desde la Federación de Caza de Castilla y León se relacionaba la ausencia de denuncias contra furtivos en Sanabria por «el temor de unos, y la corrupción de los custodios de la ley». Unas afirmaciones que no han sentado bien entre los empleados públicos de montes de la Junta que manifiestan su «absoluto rechazo» a las acusaciones contra los agentes y celadores medioambientales.
Las afirmaciones de la Federación de Caza, consideran, «criminalizan, sin motivo y sin pruebas», a estos trabajadores, «cuyo único delito es su enorme vocación y voluntad de servicio para suplir las numerosas carencias en su trabajo diario. Entre ellas citan la falta de medios informáticos, modernización de los sistemas de comunicaciones, integración en el 112, creación de unidades contra envenenamientos de fauna o la coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente. Un trabajo el suyo, subraya la Federación de Servicios Públicos, «que pasa muchas veces desapercibido, pero del que depende la conservación y aprovechamiento de nuestro medio natural».
Las competencias en cuando a caza, pesca, incendios forestales, residuos o especies protegidas, insisten, corresponden a la Junta de Castilla y León, «que cuenta con el personal adecuado y cualificado para llevarlas a cabo, pero se desentiende de su ejercicio», reprochan. Y van más allá al especificar que la Administración regional en Zamora «ha asistido de forma impasible a la retirada del arma corta que tenían en dotación algunos agentes, lo que dificulta una acción eficaz contra el furtivismo y merma la seguridad de sus empleados».
Tras los casos de furtivismo denunciados, concluyen, es a la Consejería de Medio Ambiente «a la que hay que pedir responsabilidades por lo que acontece», y no a los trabajadores.
