La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha considera un menosprecio a todos los ciudadanos afectados por esta normativa que el Gobierno de Cospedal no haya atendido las justas y razonadas reivindicaciones que han suscrito cerca de 100.000 personas contra esta norma tan retrógrada.
La Plataforma recuerda que el texto que va a las Cortes Regionales supone un menoscabo evidente de los derechos de acceso al medio natural, de protección animal y de la naturaleza y que supondrá un impacto negativo en las arcas públicas y en otras actividades económicas, como el turismo rural.
«Los procedimientos que pretende implementar la Ley serán, seguro, más ágiles para los cazadores privilegiados, pero menos garantistas para el conjunto de ciudadanos y para la protección del medio natural frente al impacto que la actividad cinegética. El empecinamiento del Gobierno Regional se pagará con la inseguridad en el tránsito en zonas públicas, la muerte de miles de animales de especies protegidas y domésticas, los daños en espacios protegidos y los perjuicios en actividades económicas sostenibles.
Algunos ejemplos de los impactos de la caza en Castilla-La Mancha y que esta Ley profundizaría los estamos sufriendo ya. Ahí está el cierre de los caminos públicos en Cabañeros para realizar monterías, la construcción de nuevos vallados en cotos de caza, las ayudas a la caza intensiva y comercial, la muerte de linces en trampas cinegéticas, el maltrato que sufren los galgos y la persecución implacable de perros y gatos abandonados.
La Ley de Caza de Castilla-La Mancha es la más retrógrada de España y sólo se entiende su tramitación desde la constatación de que el sector cinegético más intensivista y comercial es el que ha dirigido la mano de la Consejería de Agricultura y del Gobierno en su redacción. Así lo prueba el hecho de que algunas voces moderadas del propio sector de la caza hayan criticado la Ley.
A pesar de todo, la Plataforma mantiene más viva que nunca su determinación de combatir esta norma como ha hecho hasta ahora y, en ese sentido, trasladará a las Cortes Regionales sus reivindicaciones.
De cara al trámite parlamentario se hará entrega a los responsables de los grupos parlamentarios de PP y del PSOE del manifiesto de la Plataforma, así como de las alegaciones presentadas y de las decenas de miles de firmas en contra de la Ley. Seguiremos intentando parar la Ley y, si ello no es posible, al menos que se cambie en aspectos fundamentales».
