La investigación sobre la caza toca otros ámbitos y puede haber más arrestos

Fuente: eldiadigital.es

El subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez, reveló ayer que la investigación abierta sobre los cotos de caza de esa provincia afecta a otros ámbitos y puede provocar más detenciones que las cinco ya practicadas.

El subdelegado indicó que las cinco detenciones -tres de ellas de funcionarios de la Consejería de Agricultura-, se enmarcan en la operación ‘Estipendio’, en la que la Guardia Civil y la Fiscalía trabajan “desde hace cuatro o cinco meses”.

Sánchez aclaró que la investigación, que está bajo secreto de sumario, no se limita a los cotos de caza y puede ampliarse en el futuro, aunque no apuntó en qué sentido.

Juan Pablo Sánchez recordó que la caza es “una de las riquezas” de la región y Guadalajara, que se debe explotar “pero, lógicamente, por cauces legales”.

“Yo creo que todo lo que sea descubrir cualquier tipo de irregularidad o un posible delito es bueno para toda la sociedad”,  agregó.

Por último, felicitó a la Guardia Civil, a la Fiscalía y a los Juzgados por su colaboración e indicó que se irán conociendo noticias “cuando así se considere y se cierre la investigación”.

Acusación particular
La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, informó ayer de que el Gobierno regional ya ha iniciado los trámites para personarse en la causa contra los fraudes en los cotos de caza de Guadalajara que se están investigando y por los que han sido detenidos tres funcionarios de la Junta en esa provincia.

Soriano compareció tras la reunión del Consejo de Gobierno y advirtió de que el Ejecutivo regional no va a tolerar ninguna actuación que vaya contra los intereses de los ciudadanos para atender intereses particulares, e insistió en que no se va a permitir que se encubra a quienes tratan de aprovecharse de una responsabilidad o cargo público para sus intereses particulares.

“Contra la corrupción, tolerancia cero”, dijo la consejera, que señaló también que la Consejería está colaborando con la fiscalía y, además, ha abierto un expediente informativo y se han adoptado las medidas cautelares para favorecer que la investigación sea ágil y no se pueda entorpecer.

Manifestó su confianza en la actuación de la Guardia Civil y de la Justicia, que obrarán con diligencia, dijo, al tiempo que aseguró que si se han cometido un delito, lo paguen sean quienes sean los responsables.

Soriano señaló que si un trabajador público comete una irregularidad debe saber que está perjudicando a toda la sociedad.

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