Fuente: levante-emv.com
Ecologistas en Acción ha anunciado el inicio de una campaña nacional para intentar paralizar el «tsunami» privatizador del Gobierno, según dijeron, que ha llevado a plantear la venta de monte público en Castilla-La Mancha.
Para los ecologistas, que han anunciado ya la presentación de varias denuncias ante la Comisión y el Parlamento Europeo, consideran que el «alquiler» a 20 años propuesto por la Generalitat Valenciana para sus montes públicos resulta tan perjudicial para la conservación como la venta proyectada por Castilla-La Mancha.
Los ecologistas creen también que ambas fórmulas, unidas a la modificación de la Ley de Montes que atribuyen al Gobierno, representan una «amenaza organizada» que se cierne sobre los montes públicos, «con graves efectos económicos, sociales y ambientales».
Adjudicación en breve
El inicio de la campaña coincide con la confirmación de que la Generalitat Valenciana proyecta ignorar las críticas y las dudas sobre la legalidad de la subasta y adjudicará en breve los aprovechamientos de cinco fincas que suman 11.000 hectáreas con un precio de salida de 23.500 euros más IVA.
En un reciente encuentro con la Federación Valenciana de Caza, el director general de Medio Natural, Alfredo González, anunció a los representantes de los cazadores que la subasta se celebrará finalmente después de haber sido aplazada a última hora.
Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, manifestó al respecto que la actual Ley de Montes establece una eficaz protección de los Montes de Utilidad Pública (MUP) y unos complejos trámites para su desafección.
«El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lleva varios meses trabajando en una nueva Ley de Montes que muy posiblemente rebaje las trabas para el alquiler o venta y desvirtúe la protección legal de los MUP», desveló.
En su opinión, la explotación maderera y de la biomasa forestal por empresas privadas supone «un golpe mortal para las escasas zonas forestales que todavía merecen tal nombre en el interior de la Comunitat Valenciana. Las pérdidas volverían a socializarse mientras que los beneficios a corto plazo pasarían a los bolsillos de las empresas».
