Fuente: lavozdegalicia.es
A medida que pasan los días, y una vez levantado el secreto sumarial, es cada vez mayor el número de datos oficiales que se conocen sobre el modus operandi con el que trabajaban los arquitectos que idearon la trama de las licencias de caza. Se trata de una información, hasta ahora inédita, que evidencia que la magnitud de este delito de falsedad documental en el que está implicado personal de la Xunta es más grande de lo que se pensó en un principio.
Para empezar, la actividad irregular comenzó a finales del 2007, y no en el 2009, como se había dicho hasta la semana pasada. Además, el número de documentos expedidos de una manera supuestamente ilegal llega a 820, de los cuales un 40 % pertenecen a la época del bipartito de Touriño y Quintana, y el 60 % restante a la del PP de Feijoo.
La orden que obliga a los cazadores a realizar un examen para obtener la licencia de caza en Galicia entró en vigor el 11 de septiembre del 2007, aunque las pruebas no comenzaron a llevarse a cabo hasta el 3 de diciembre de ese mismo ejercicio. Lo curioso es que solo en esos tres meses, y según datos oficiales, el delito comenzó a practicarse de forma continuada hasta alcanzar los 78 permisos tramitados.
Época transitoria
El 2008 se puede decir que fue un ejercicio de consolidación. En total fueron 203 las licencias que al parecer se vendieron, una cantidad que se queda corta al compararla con la del 2009, que se sitúa en 250. Hay que decir que el 2009 fue un año de cambio en la Xunta, entrando el PP y saliendo el bipartito. Es por eso que algunas fuentes de la investigación no descartan que los responsables de la trama se aprovechasen de esa situación transitoria para aumentar su cartera de clientes y en consecuencia sus beneficios mientras se completaba el cambio de poder. En el 2010, las licencias expedidas descendieron hasta las 145.
En estos cuatro años, y según fuentes oficiales, «no se dispone en el archivo de la totalidad de la documentación de los expedientes. Por ello, se puede afirmar que los beneficiarios no han pasado el examen del cazador, que pudiera ser que lo obtuvieran coordinándose con otra comunidad autónoma». La región a la que hacen mención las fuentes cercanas a la investigación es Castilla y León, tal y como reconoció un portavoz de este Gobierno vecino el pasado 19 de febrero. Lo que nadie ha confirmado o desmentido por ahora es si hay permisos expedidos desde Castilla-La Mancha.
En el 2011 y en el 2012, el número descendió considerablemente, siendo de 84 y 60, respectivamente. Hay que decir que el 2012 no está computado al completo, ya que esta trama salió a la luz entre septiembre y octubre, después de que la Consellería de Medio Ambiente denunciase los hechos ante la Fiscalía.
Sumatorio
Lo que sigue siendo imposible de cuantificar son los beneficios que dio este delito a sus responsables. El motivo es que el precio de cada permiso variaba en función del demandante. Se sabe desde febrero que primero costaron 80 euros y luego 150. Pero también es público desde ese mismo mes que algunos documentos se cambiaron por favores u otros privilegios. Una prueba de que resulta imposible hacer un cálculo aproximado es que ni la Fiscalía logró durante los meses que lleva trabajando en el caso completar un sumatorio. Lo que sí confirman es que el importe no sería muy elevado al tener que repartirlo entre todos los implicados.
La actividad irregular duró seis años y no cuatro, como se dijo inicialmente.
