Las nuevas tasas judiciales cierran el paso de ecologistas a los tribunales

Fuente: Agencia EFE

 

Las principales organizaciones ecologistas han denunciado hoy la fuerte restricción que están sufriendo para acceder a los tribunales, debido a la subida de las tasas judiciales y a una mayor limitación para personarse como acusación particular.

 

Estos obstáculos están cerrando una de las principales vías de actuación de las ONG ambientalistas, además de la presión pública, han recalcado Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y SEO/Birdlife, tras entrevistarse durante dos horas y media con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

Según ha explicado a EFE Paco Segura, de Ecologistas en Acción, el ministro Miguel Arias Cañete está intentando que las ONG puedan reunirse con el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para exponerle sus quejas.

Los ecologistas consideran que la subida de las tasas recorta sus posibilidades de recurrir sentencias o plantear siquiera el caso ante los tribunales, dado que son entidades sin ánimo de lucro que no disponen de una gran capacidad económica y, además, se les limita la opción de personarse como acusación particular.

Por ejemplo, ha explicado Segura, Ecologistas en Acción logró recientemente que se restituyeran unos terrenos protegidos en la zona del embalse extremeño de Valdecañas (donde se preveía construir una urbanización), que en caso de haber tenido que recurrir por lo contencioso administrativo habría costado a la ONG 10.000 euros.

“Una de dos: o dejamos de recurrir o damos prioridad (a unos proyectos) en detrimento de otros”, ha resumido.

Las ONG ambientales intentarán convencer a Gallardón de que facilite su acceso a la Justicia y del resto de entidades sin ánimo de lucro, pero son las del sector verde las que más acuden a este recurso, debido a la propia naturaleza de la legislación ambiental (prolija, compleja…) y la amplitud de los bienes a proteger.

Por otro lado, las organizaciones han expuesto a Federico Ramos su preocupación por la posibilidad de que en la nueva ley de parques nacionales se permita la caza con fines exclusivamente recaudatorias y no solo de control de las poblaciones como sostiene el Ministerio.

De hecho, ha dicho Segura, la ley que declarará parque nacional a las cumbres del Guadarrama ha aprobado durante su tramitación parlamentaria una enmienda de “calculada ambigüedad” para poder permitir la caza.

En cuanto a la futura ley de evaluación ambiental, a la que los grupos ecologistas han presentado numerosas alegaciones, se mantiene el principal punto de fricción: los denominados bancos de conservación.

Dicho bancos pretenden que se puedan compensar, reparar o restaurar las pérdidas de valores naturales derivadas de cualquier actividad que cause daños ambientales.

 

De acuerdo con Paco Segura y el resto de ONG, la biodiversidad no puede ajustarse al esquema de mercado; “es un mecanismo muy peligroso”.

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