Un estudio jurídico cuestiona que el presidente de l´Albufera tenga un coto en el parque natural

Fuente: levante-emv.com

El presidente del Consejo Rector de l’Albufera, José Ramón Pascual, no puede tener un coto privado de caza dentro de los límites del parque natural, según un informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de Albal, miembro también de esta entidad dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente.

Según el documento elaborado por juristas, Pascual se debería haber “abstenido de participar en la deliberación y votación de asuntos tratados” en el consejo. Además, tendría que haber presentado una declaración de actividades, bienes y derechos patrimoniales.
Como reveló el pasado 12 de agosto Levante-EMV, el presidente del Consejo Rector de l’Albufera es propietario de un coto privado de caza de 8 hectáreas de extensión dentro del parque natural. El vedado está dividido en dos, la mitad es de su propiedad y la otra parte de unos cuarenta propietarios. Del arrendamiento para la caza de estos terrenos se habrían obtenido unos 15.000 euros en la pasada temporada de caza de patos, aunque el presidente del parque natural no quiso confirmar la cifra. Además, de los campos también obtiene rendimiento por la cosecha del arroz.

 

Régimen de incompatibilidades
El informe jurídico basa su argumentación en que el presidente del Consejo Rector de l’Albufera es un “alto cargo del Consell”, puesto que su nombramiento ha sido efectuado por el Gobierno valenciano. Por ello, está expuesto al mismo régimen de incompatibilidades que estos representantes del Ejecutivo y, por tanto, debe abstenerse en numerosas actuaciones al existir conflictos de intereses.
Entre las conclusiones del informe, los juristas apuntan a que si el presidente de l’Albufera no se hubiera abstenido en alguna de las decisiones “habría que determinar las responsabilidades y los demás efectos jurídicos (incluso penales) en que podría haber incurrido”. Y le recuerda, “en todo caso, cualquier miembro del órgano colegiado habrá de abstenerse de participar en la deliberación y votación de asuntos tratados en el seno del mismo que se refieran a motivos tasados, señalados por la ley.
Además, añade el estudio, “como alto cargo, el presidente de la Junta Rectora debería de haber presentado en el registro correspondiente su declaración de actividades, bienes y derechos patrimoniales, entre los que debería haber incluido su participación o grado de posesión de un coto de caza en el ámbito especial del propio parque natural, en cuya gestión, asesoramiento y decisión haya pasado a formar parte del mismo”.
Cabe recordar que la aprobación del coto privado, antes pertenecía al vedado municipal de Sollana, coincidió casi en el tiempo con el nombramiento de Pascual como presidente el pasado año. El directivo del parque, defendió que todo el procedimiento se había realizado con absoluta trasparencia. Desde la oposición solicitaron el expediente de la tramitación del permiso.

Albal exige a Medio Ambiente que aclare si hay incompatibilidad

El Ayuntamiento de Albal tiene asignada una vocalía en el Consejo Rector del parque natural de l’Albufera al ser un municipio limítrofe con el humedal. Por este motivo y porque el nombramiento del presidente lo realiza la Conselleria de Medio Ambiente, el alcalde del municipio, Ramón Marí, ha solicitado al departamento que dirige Isabel Bonig una aclaración oficial sobre la situación de José Ramón Pascual.
Por registro de entrada, Marí ha solicitado a Medio Ambiente que emita un informe jurídico que justifique que el cargo es compatible con tener un coto privado de caza dentro del parque natural. El propio María dispone de un estudio realizado por juristas que cuestiona esta máxima y que obligaría a Pascual a abstenerse en las decisiones de la Junta Rectora, por lo que su puesto quedaría vacío de contenido.
Eso sí, de seguir en el cargo continuaría disponiendo de información privilegiada. Además, el alcalde de Albal también ha presentado un escrito en el parque natural para que le faciliten las actas de los consejos rectores desde el nombramiento hasta la actualidad. La intención del edil es conocer cuáles han sido las decisiones en las que ha participado pascual y la información a la que ha tenido acceso. En el documento que el propio Marí encargó se desprende que la toma de alguna decisión sin abstenerse podría tener repercusiones penales.

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