La diputada regional y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Lola Merino, ha denunciado que es «falso» que exista «consenso» en torno al anteproyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha.Merino ha señalado en un comunicado que el Gobierno regional está asegurando que «existe consenso sobre esta futura Ley cuando sabe que no cuenta con el apoyo de organizaciones cinegéticas ni de ecologistas», como la Plataforma contra la Ley de Caza, «quienes ya han anunciado públicamente que no respaldan el texto por considerar que las modificaciones son insuficientes».
La diputada popular ha recordado que, frente al falso consenso proclamado por el Gobierno de García-Page, «lo cierto es que el proceso de modificación de la Ley de Caza comenzó a andar con mal pie, ya que se ignoró desde el principio y no se contó con la participación de los miembros del Consejo Regional de Caza ni del Consejo Regional de Medioambiente, a pesar de ser los máximos órganos consultivos en esta materia».
«Optaron, ha remarcado, por crear una nueva comisión con los miembros elegidos a su antojo, en la que los ecologistas, sus socios de Gobierno, contaban con máxima representación» mientras «dejaron de lado a sectores tan implicados en la actividad cinegética como el Seprona de la Guardia Civil, la Universidad a través del Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC) o los agricultores, a los que el gobierno de García-Page ha ninguneado hasta la fecha».
En este sentido, Merino ha apuntado que «tras meses de reuniones, lo único en lo que están de acuerdo todas las partes de esa comisión es en que no hay acuerdo por lo que se ha aprobado un texto que no comparten ni asociaciones de cazadores ni grupos ecologistas».
Perjudica «gravemente» a los agricultores
Y ha ampliado que este anteproyecto de Ley de Caza perjudica «gravemente» a los agricultores, al complicar actividades básicas de la gestión de los cotos como el control de daños de los predadores (zorros, urracas) y los causados a la agricultura principalmente por conejos y jabalíes, ya que el nuevo texto obliga a pedir un permiso cada vez que se produzca un daño cuando antes los cotos que históricamente vienen sufriendo estos daños ya lo tienen aprobado en su plan técnico.
Un permiso que «ahora tendrá que solicitarse en la Delegación Provincial, que a su vez lo remitirá a un agente forestal que tendrá que desplazarse el día que pueda a esa parcela a comprobar esos daños y remitir un informe posterior a la Delegación Provincial autorizándolo o denegándolo».
«Una decisión que tendrá que ser notificada al peticionario posteriormente con lo que se ralentiza innecesariamente la concesión de las autorizaciones, y cuando por fin llegue la resolución a manos del solicitante, los daños a los cultivos serán ya irreversibles», ha concluido.
