En la prensa

Llevan a juicio las discrepancias por el contrato del coto de caza

Fuente: diariodeleon.es

Los miembros de la Junta Vecinal de La Riera de Babia (Cabrillanes) y, en especial, su presidente, José Manuel Reguero Suárez, se enfrentan a un proceso judicial en el que se le exigen «responsabilidades civiles y penales», después de haber recibido 8.000 euros como anticipo de la venta de distintas especies del coto de caza de la pedanía a un particular para su explotación sin, posteriormente, facilitarle los precintos y la licencia para acreditar que las piezas cobradas procedían del aprovechamiento cinegético, indica la denuncia. El pedaneo niega estos argumentos y asegura que es preciso el pago del total de la venta, 15.000 euros, antes de facilitar al comprador los precintos.

 

El caso se remonta a abril del año pasado, cuando la entidad local acordó en sesión plenaria la venta al denunciante, Iván Álvarez Larín, «de las distintas especies establecidas en el pliego de condiciones otorgado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente». El contrato se extiende hasta el 2016. El presidente del pueblo, por su parte, sostiene que se trata de ocho rebecos.

Álvarez Larín sostiene que se acordó como forma de pago la entrega de la mitad del precio acordado en los diez días siguientes a la fecha de la sesión y la otra parte, cuando se entregasen los precintos. Además acredita el ingreso en la cuenta de la junta vecinal de 8.000 euros, hecho que el pedáneo no niega. Sin embargo, en declaraciones a este periódico, mostró su desacuerdo con el adjudicatario de la caza. «Es cuando ingrese los 7.000 euros que faltan cuando le entregaré los precintos. Nos ha pagado 8.000 euros. No lo niego, porque es verdad. Pero si le doy los precintos y luego no paga, tendré que poner esa parte de mi bolsillo», manifestó el alcalde pedáneo.

Acusación mutua

En la denuncia se asevera que Álvarez Larín solicitó al presidente de la junta vecinal que entregase precintos y licencia en varias ocasiones, ante lo que recibió de éste «continuas excusas con el objeto de dilatar la entrega […] y no devolver la cantidad abonada» y aporta al juzgado un burofax del 20 de mayo de este año, con la reclamación y el anuncio del inicio de acciones legales si la pedanía no cumplía.

El denunciante manifiesta en el escrito remitido al juzgado haber sufrido un «perjuicio económico», ya que «al haber realizado el primer pago pactado y en la creencia de que se cumpliría lo acordado […] ha adquirido diversos compromisos para la práctica de la caza de varias especies autorizadas». Los clientes, sostiene, adelantaron el pago sin que sea posible llevarse a cabo la cacería al carecer de los precintos con los que se marcan las piezas cobradas según estipula la normativa.

El presidente de La Riera de Babia negó rotundamente los términos de la denuncia y sostiene que se encuentra en condiciones de demostrar gracias a testigos que el denunciante «ha vendido animales con precintos falsos».

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