Fuente: elperiodicomediterraneo.com
El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, defiende que el Ministerio Público “no tiene ningún interés persecutorio” en contra de los paranyers y asegura, para tranquilizar a los aficionados, que no actuarán contra aquellos que disponen de los permisos otorgados por la Conselleria de Medio Ambiente, “siempre y cuando se ajusten a lo que marcan las autorizaciones”.
Así se ha pronunciado Cuesta a raíz de la petición de los paranyers de que la Fiscalía no actúe contra las 33 instalaciones que disponen de las autorizaciones para colaborar con estudios científicos, encaminados a demostrar ante Bruselas que sí es un método de caza selectivo.
“No hemos dado ninguna orden a la Guardia Civil para que extreme la vigilancia, no vamos contra nadie, pero los agentes deben comprobar que la normativa se cumple, solo nos ajustamos a la legalidad”, explicó Cuesta, quien aseguró que desde el Ministerio Público “no existe la intención de criminalizar a nadie, no hay ninguna directriz dada en este sentido”. El fiscal jefe de Castellón remarcó que no tienen constancia de ninguna irregularidad en estos paranys científicos.
Ley de caza
En esta misma línea, Cuesta aseguró conocer que la Guardia Civil está trabajando para que se respete la Ley de Caza, que prohíbe el parany. De todos modos, en estos 33 parany autorizados, en los que tienen licencia 162 aficionados, se estipula claramente que los paranyers no pueden matar al animal, sino hacer capturas para controlar los flujos migratorios a través del anillamiento y volver a dejarlo libre en su hábitat.
Con estas declaraciones, Cuesta busca zanjar la controversia surgida ante el temor de algunos propietarios de paranys científicos de que la Fiscalía actúe contra ellos. Una problemática, junto a la de las amenazas que algunos aficionados aseguran recibir por parte de ecologistas, que llevó a la asociación de paranyers Apaval a reunirse el pasado lunes con el subdelegado del Gobierno, David Barelles; y el teniente coronel de la Guardia Civil de Castellón, Juan José Miralles.
Sin ir más lejos, la Conselleria de Medio Ambiente también instó a la Fiscalía a no denunciar a aquellos paranyers que estén colaborando con los estudios científicos. Además, el departamento de Isabel Bonig ya ha comunicado a la Guardia Civil la ubicación exacta de estas 33 instalaciones.
Jurisprudencia
La enemistad entre la asociación de paranyers Apaval y la Fiscalía de Castellón es manifiesta, ya que los aficionados critican las distintas actuaciones del Ministerio Público, quien en los últimos años siempre ha recurrido, hasta antes del fallo de Tribunal Constitucional, las sentencias absolutorias relacionadas con el parany al considerar que es un método de caza ilegal y atenta contra las normativas estatales y europeas en materia de protección de aves.
