Se licitan los derechos de caza de siete zonas controladas de León

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León ha anunciado su intención de sacar a oferta pública los derechos cinegéticos de las zonas de caza controlada de la comunidad, con el fin de sacar rentabilidad a estos terrenos de titularidad pública, según informa diariodeleon.es.

En la provincia de León hay siete espacios de este tipo que suman una superficie total de 6.267 hectáreas. El valle del Valdellorma concentra una gran parte de estos espacios con 731 hectáreas en la Dehesa de Corrales, otras 846 hectáreas en la Dehesa de Valsemana, en el entorno del centro de recuperación de aves, y 602 hectáreas, el Bosque del Almirante. Río Camba reúne 2.500 hectáreas, el Monte de Ferradillo, en Priaranza del Bierzo, tiene 901, el monte Pardemillera, en Garrafe de Torío, 145, y Pinar de Valdepuercos, en Brazuelo, casi 400.

Tanto los cotos regionales de caza como las zonas de caza controlada son lugares donde la Junta de Castilla y León considera conveniente establecer planes de regulación y disfrute del aprovechamiento cinegético.

La mayor parte de estos terrenos cinegéticos son de la Junta de Castilla y León y tienen la consideración de monte de utilidad pública. Las posibilidades cinegéticas de estos terrenos, en cuanto al recurso de caza disponible, son más que testimoniales, según destacan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, y no difieren de la que un ciudadano puede encontrar en los cotos privados de caza colindantes o de la comarca.

Cambio legislativo

Hasta la fecha, la Orden MAM/1415/2004, de 13 de septiembre, que regulaba el ejercicio de la caza en los Cotos Regionales de Caza y en las Zonas de Caza Controlada de Castilla y León, establecía unos procedimientos de adjudicación de los permisos de caza a través de sorteos públicos en función de la vecindad administrativa de los cazadores (nacional, autonómica o provincial), sin que dicha adjudicación del permiso de caza implicase participar en la gestión del terreno cinegético. La derogación de esta norma se justifica por el hecho de la necesidad de establecer unos nuevos modelos de la gestión del aprovechamiento, que deberán pasar por una oferta pública de los derechos cinegéticos, de manera que la persona física o jurídica beneficiaria del aprovechamiento cinegético adquiera un peso específico en la gestión territorial y que en todo caso tendrá una contrapartida económica que la Administración o el beneficiario deberán invertir sobre este mismo territorio a través de actuaciones de mejora. No en vano, hasta la fecha, la gestión cinegética de los mismos ha supuesto para la Administración un coste económico superior al de gestión de terrenos análogos, es decir, de los cotos de caza.

Esta nueva apuesta de gestión está en concordancia con lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León en materia de aprovechamientos forestales, en la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes, en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y al Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas en Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, así como acorde con lo dispuesto en la legislación en materia de contratación de las administraciones públicas donde, bajo la figura de contratos administrativos especiales, estarían amparadas la adjudicación de los derechos cinegéticos, de forma análoga a lo que sucede actualmente con aprovechamientos maderables, micológicos o de pastos en los montes propiedad de la Junta de Castilla y León.

Fuente: diariodeleon.es.

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