Fuente: latribunadetoledo.es
Agentes de la Guardia Civil han decomisado carne de caza de procedencia ilegal en una carnicería de la provincia de Toledo. Este es uno de los resultados de una operación del Seprona que ha desarticulado una trama para la introducción irregular de carne de jabalí en mal estado en el mercado, que se ha saldado con dos detenidos. Así lo informa el Instituto Armado en una nota.
Este operativo, dirigido por la Comandancia de Huesca, se inició hace un mes cuando se descubrió una pequeña balsa en el término oscense de Abiego en la que se habían sumergido más de 40 jabalíes. De las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona de la Guardia Civil se pudo determinar que los animales procedían de una batida en un coto sito en término municipal de Bierge, donde se dio caza a más de 40 jabalíes, procediendo tras finalizar la batida a quitarles las vísceras y sumergirlos en la balsa.
El día 20 de octubre se realizó una nueva batida donde se cazaron 9 jabalíes más y junto con losabatidos el día anterior fueron trasladados en remolques para perros hasta una empresa en Navarra, donde permanecieron hasta ser reconocidos por el veterinario de la empresa.
De los jabalíes entregados a la empresa 7 de ellos fueron desechados por el veterinario debido a su mal estado, pero el resto se llevaron junto con otras piezas hasta una empresa de Ciempozuelos (Madrid). Nuevamente en dicha empresa se desecharon varias canales pero otros, tras el análisis de la carne se introdujeron en la cadena alimentaria, siendo distribuida a dos establecimientos, uno en la provincia de Toledo y otro en Francia.
En las empresas que recibieron los jabalíes no se tenía conocimiento del tiempo transcurrido entre la muerte de los mismos y la entrega a la venta. A raíz de las investigaciones se pudo constatar que los jabalíes introducidos en la cadena alimenticia permanecieron durante mas de 24 horas sumergidos en aguas estancadas, con altas temperaturas y sometidos a una gran actividad microbiana, tal y como se acreditó por parte de un laboratorio de salud pública. Por ello, se consideró su distribución como un delito contra la salud pública.
