Fuente: que.es
Parece una afirmación arriesgada pero, entrando en materia, no lo es. El borrador de la futura Ley de Montes plantea que durante aquellos días en los que se fije en el calendario una montería o una batida se prohíba el acceso al bosque, monte o demás espacio natural al resto de los ciudadanos. Un proyecto que se puede quedar en simple ‘papel mojado’ o provocar que muchos colectivos sean privados de un derecho constitucional. Lío a la vista…
España es uno de los países del mundo que más tradición tiene en lo que al deporte de la caza se refiere. A finales de 2012, el número de licencias expedidas en nuestro país se acercaba al millón. A pesar de que el Gobierno ha anunciado su intención de imponer una licencia deportiva única, por el momento caza y pesca se contabilizan por separado.
Hablamos de unas cifras que suponen un porcentaje relativamente bajo de la población en comparación con otros grupos con los que comparten espacio público: ya sean senderistas, montañistas o los denominados ‘domingueros’.
El problema, sin embargo, radica en otro aspecto. A finales del pasado mes de diciembre, en el tradicional Consejo de Ministros de los viernes, el Gobierno- a petición de cazadores- expresó el deseo de dar prioridad a éstos en los montes públicos con el objetivo de garantizar la seguridad pero perjudicando el ocio de senderistas, seteros o demás usuarios de la naturaleza.
La futura de Ley de Montes- que tiene como intención renovar la legislación actual que está vigente desde 2003- entra en conflicto en la convivencia entre cazadores y el resto de grupos sociales. Según afirma la plataforma ‘Senderismo por España’, esta ley podría incluir sanciones de hasta 1.000 euros por caminar por parajes privados durante las monterías. En la actualidad, únicamente están señalizados los caminos pero en ningún momento se habla de prohibición ni sanción económica.
Desde la Federación Española de Caza (RFEC) se señala que existe una gran controversia con este tema pero que,en ningún caso, el actual borrador de la Ley de Montes tiene como punto de partida la palabra «prohibición». «La petición que hacemos desde la RFEC es la de legislar, no la de prohibir. Lo único que deseamos es que haya un clima seguro y que en los días de montería o batida se eviten accidentes que están ocurriendo», explica Ángel López, responsable de comunicación de la Federación.
«No hay que hablar de si el Gobierno prefiere a unos u a otros. Lo que es evidente es que el monte es un espacio que hay que compartir y los cazadores no queremos prohibir la entrada de nadie en el campo. Simplemente argumentamos que utilizamos ese espacio público una o dos veces al año mientras que el resto tiene acceso libre el resto de días, por lo que se pretende que los días que lo hagamos sea en condiciones de seguridad», subraya López.
Senderismo por España afirma que se está vendiendo la idea de que las monterías se realizan una vez al año en un mismo terreno pero aseguran que no se corresponde con la realidad porque bajo la denominación de «batidas» para control de población se están realizando «monterías encubiertas» más de una vez al año y habitualmente en fines de semana.
La organización Red Montañas ve el panorama de una forma totalmente distinta. Señalan que esta modificación se podría llevar a cabo porque «los cazadores tienen un gran poder social y de cercanía al Ministerio de Medio Ambiente». Además consideran que es un colectivo que «asusta a todo el mundo».
«Da miedo que vayas día a día por el campo, ya seas senderista, ciclista o montañista, y que de repente escuches un tiro. El borrador de la Ley de Montes da un resquicio a los cazadores. El Gobierno pretende librarles de su responsabilidad», destaca Rosa Fernández, presidenta de Red Montañas.
Sin embargo, Fernández no cree que el proyecto de ley acabe derivando en una prohibición de los espacios públicos ya que, según sus palabras, «carecería de sentido». «El colectivo de los cazadores representa al 1% de la población y sería injusto que ese porcentaje ínfimo tenga prioridad respecto al resto ciudadanos», dice Rosa Fernández.
UNA CUESTIÓN DE DINERO
Andalucía es una de las comunidades autónomas con más licencias de caza expedidas, un negocio que para las arcas de las administraciones es muy rentable. Pablo García, director técnico de la Federación Andaluza de Montañismo, cree que el monte «debe ser un espacio público y en el que no debe haber preferencia por un colectivo u otro», más allá de que «uno aporte más o menos dinero que otro».
«Sin duda, es una cuestión de intereses, de dinero. Está claro que el tema de licencias, armas, vestimenta y vehículos mueve una gran suma de euros y contra eso, es difícil luchar. Los intereses económicos ejercen en este caso una presión en contra de la voluntad general», expresa García.
Desde la propia RFEC señalan que hay una condición que es la que evita cualquier tipo de conflicto entre uno y otro bando: el pago de una tasa por parte de los cazadores. «Nosotros pagamos por disfrutar de ese espacio público mientras que el resto de personas accede cuando quiere y lo hace forma gratuita», apunta Ángel López.
En el otro lado del ‘charco’, las cosas se ven de forma totalmente opuesta. «En muchas CCAA también se paga por realizar un sendero. Ellos consumen naturaleza porque matan animales, por eso pagan. Desgastan el ecosistema y eso, tiene un precio», expresa la presidenta de Red Montañas.
Además, va un paso más allá. Rosa Fernández apunta que la caza «mueve mucho dinero negro que jamás se incorpora a la economía social».
En ese mismo sentido se manifiesta la plataforma ‘Senderismo por España’- en el que se integran distintos clubs y asociaciones de senderistas-, que critica el argumento del impacto económico de la caza y rebate que el impacto en el sector turismo de naturaleza no es menor.
Esta misma plataforma es la que ha iniciado- desde que se filtrara esta modificación en la futura Ley de Montes- una recogida de firmas a través de la web Change.org y que ya cuenta con el apoyo de cerca de 90.000 ciudadanos.
SOLUCIONES AL CONFLICTO: ¿ES POSIBLE UNA CONVIVENCIA?
Desde Red Montañas proponen que la Federación de Caza formule un listado con información actualizada y completa de las monterías y batidas para evitar la planificación de rutas por parte de los senderistas. «Una cosa es que estemos en contra de cerrar el espacio para los cazadores y otra bien distinta es que estemos locos. Evidentemente si sabemos que hay una zona reservada a la caza no vamos a pasar ciertos límites, no estamos locos», apunta la presidenta de esta plataforma.
A medio plazo, Rosa Fernández espera que la futura Ley de Montes no acabe por «discriminar» a sólo una parte y que la presión de los cazadores no convierta a los senderistas en delincuentes.
«La Federación no quiere prohibición, quiere una legislación que beneficie a todos. Somos los primeros que no queremos incidentes, por eso nos hemos puesto en contacto con el Ministerio para abordar el problema. Existe un riesgo mínimo pero legal y por mínimo que sea debe ser atendido.Espero que se solucione de forma razonable para ambas partes», explica Ángel López.
¿SON PREOCUPANTES LAS CIFRAS DE ACCIDENTES?
¿Es tan inseguro el monte en estos momentos con la actual ley? ¿Es necesaria hacer una modificación que pueda llevar al conflicto innecesario entre una y otra parte? Según los datos de la aseguradora Mutuasport- que aglutinaba a 350.000 cazadores en España en 2012- las cifras de muertes no varían en demasía con el paso de los años. En los últimos años, se ha pasado de las 19 fallecidos en 2008 a los 22 de 2012.
No hay una tendencia fija en este sentido. Hay años peores, como 2011, en el que fallecieron 27 personas y otros mejores, como 2010, en el que perdieron la vida cazando 14 personas.
Donde sí hay un exponencial aumento es en el número de siniestros con lesiones. Mientras que en 2007 hubo cerca de 2.300 accidentados, el pasado 2012 fueron casi 3.000 el número de percances registrados. Estas cifras, dejan fuera a aquellas personas que no sean cazadores como es el caso de seteros, senderistas o excursionistas, por lo tanto el filtro está algo sesgado.
En Internet, mientras se decida que sucede con el borrador de la Ley, sigue la colaboración entre seteros, senderistas y montañistas. Firmas y más firmas para detener un texto, que según todos ellos, vulnera el artículo 45 de la Constitución Española- aquel que señala que «la naturaleza es de todos»-. Mientras tanto, el sector de la caza defiende su posición con números: según un estudio de la RFEC elaborado por la Fundación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza, que cifró enmás de mil millones de euros el impacto económico del sector y más de 3.000 si tiene en cuenta todo lo que rodea a la actividad.
