Fuente: diariodeleon.es
Hacer compatible la convivencia entre la ganadería y la población de lobo ibérico en Castilla y León, ése es el, nada sencillo, objetivo del Plan de conservación y gestión del lobo en nuestra Comunidad que está en revisión desde el año pasado y que se aprobará en torno al mes de junio, eso supone un retraso de medio año respecto al compromiso del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, que confiaba en tenerlo listo a finales de 2013.
Entre otras razones, este retraso se debe, argumentan desde la administración, al intento de buscar el mayor consenso posible en un texto que ‘enfrenta’ los intereses del sector ganadero y las organizaciones conservacionistas. Todos ellos han presentado decenas de alegaciones a esta modificación del Plan que busca mejorar los puntos que no se han cumplido del anterior y también dar respuesta a la doble sentencia del Tribunal Supremo que el pasado mes de marzo anuló varios artículos. Una de esas sentencias obliga a la Junta a pagar, a través del régimen de responsabilidad patrimonial, los daños producidos por el lobo al sur del Duero, donde es especie protegida; la otra, anula los artículos en los que se recoge la caza al sur de este río porque, desde esa frontera, una directiva de la Unión Europea establece que la especie no es cinegética.
Partiendo de esta base, cada colectivo y cada organización ha contado con 20 días hábiles desde que la Junta publicó el proyecto de Decreto para presentar alegaciones, un plazo que se cerró el pasado viernes y que ha hecho llegar hasta la administración decenas de alegaciones, por parte de las organizaciones profesionales agrarias, de los colectivos conservacionistas, también sugerencias del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sugerencias ciudadanas que han recibido a través el portal de Gobierno Abierto en la web del Ejecutivo autonómico.
Los que no han presentado alegaciones y sí se sientan en las reuniones de seguimiento de este Plan, son los cazadores, ya que, según el presidente de la Federación en Castilla y León, Santiago Iturmendi, todo lo que gira en torno a esta especie es «la quimera del lobo», «cantos de sirena», asegura, que no «llevan a ninguna parte», su principal queja se basa en que año tras año no se cumple el cupo de lobos que a Junta autoriza que se pueden abatir, considera además que se «criminaliza» a los cazadores de lobo. Echar un vistazo a la hemeroteca, permite encontrar, mes tras mes, noticias sobre ataques de lobo al ganado, principalmente al sur del Duero, una situación que los ganaderos califican de «insoportable».
Las tres organizaciones agrarias coinciden en muchas de sus alegaciones, la principal, pide que se simplifiquen y agilicen los trámites para recibir las indemnizaciones porque el actual sistema, asegura Asaja, «no es efectivo», tanto esta organización como UCCL, solicitan que, tanto al norte como al sur del Duero, la Junta indemnice por vía de la responsabilidad patrimonial. Para la Alianza por la unidad del campo UPA-COAG, una manera de reducir el conflicto pasa por una «política efectiva de indemnizaciones», similar a la del oso pardo y añaden que, dado que el artículo 3 «presupone que hay que asumir un determinado nivel de daños», solicitan a la administración que incluya que esos daños «se deben compensar de forma justa, eficaz e inmediata».
El sector también coincide en considerar «inadmisible» que el ganadero sea el encargado de tomar medidas preventivas frente a los ataques de lobo, como recoge el artículo 8.
Los conservacionistas
De las tres organizaciones profesionales agrarias, es la Alianza la que ha presentado un mayor número de alegaciones al texto que casi, según su portavoz, Julio López, suponen una «enmienda a la totalidad». Creen «imprescindible» llegar a un consenso sobre «cuántos lobos queremos y dónde» y añaden que si el «lobo es patrimonio natural de la Comunidad debe ser ésta la que se responsabilice sobre él». Para UCCL y según lo expuesto en el Plan, «no se consigue» el objetivo de compatibilizar el lobo con el ganado porque «lo único que propone es que el ganadero modifique su manejo del ganado y haga inversiones en su explotación».
Las organizaciones conservacionistas creen que el plan debe incidir más en la conservación y menos en la gestión y hacen hincapié en un dato, los ataques de lobo afectaron entre 2005 y 2012 a un 0,08% de reses de ganado menor y un 0,05% de ganado mayor.
Desde Ascel, la Asociación para la conservación y estudio del lobo ibérico, piden la retirada del documento para subsanar los «graves errores» que contiene, entre otros, consideran, como WWF Adena, que el texto no explica bien las medidas preventivas sobre el manejo del ganado y que basar la reducción de ataques en el control del número de ejemplares es «totalmente ineficaz».
Estas dos organizaciones y Lobo Marley -que también pide la retirada del texto- solicitan a la Junta que controle más el uso del veneno y los cebos ilegales y coinciden en señalar que el plan debe primar los aspectos de conservación y no solo la gestión cinegética, además destacan que los objetivos del plan están basado sobre el número de mandas de 2001 (el último censo disponible con 141 manadas) cuando la Junta espera que en el próximo censo (que estará dentro de un mes) este dato haya aumentado, las tres organizaciones también critican que estos censos se están haciendo con «poco rigor» y ello puede dar lugar a una sobrestimación en el número de ejemplares, WWF Adena, además, solicita que se recojan las áreas que había en el anterior plan y no solo dos zonas: norte y sur del Duero, tal y como contempla la revisión actual.
