Fuente: El Mercantil Valenciano – Levante, J. Sierra, 13/05/2012
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a adoptar medidas de «impulso y fomento» del sector cinegético. El PP, fiel en este caso a algunas de sus iniciativas en la pasada legislatura, reivindica la actividad cinegética «como un subsector de peso en el sector primario español» que debe ser «prioritario» en las políticas de desarrollo rural.
Haciendo suyas las conclusiones del I Congreso Nacional de Caza y Desarrollo Rural celebrado en septiembre de 2011 en Toledo y las del informe elaborado en 2007 por la fundación FAES, presidida por José María Aznar, sobre el impacto económico de la actividad cinegética, el PP está convencido de que la caza «puede contribuir al desarrollo económico y la creación de empleo estable en el medio rural, así como a la protección de los recursos naturales y de la biodiversidad», según la propuesta presentada por el portavoz popular en el Congreso Alfonso Alonso.
El informe de la fundación FAES, La Caza. Sector económico, estima que la caza movía en 2007 algo más de 2.752 millones de euros que incluyen cartuchos, transportes, energía, valor de las piezas, licencias, armas, seguros, arrendamiento de cotos y una larga lista de actividades relacionadas.
Los empleos directos generados por la caza ascenderían a 36.258, que se duplican si se consideran los eventuales en la época de caza.
En regiones como Castilla-La Mancha, donde la caza es un medio de vida en muchas poblaciones rurales, se estima que la actividad cinegética genera unos ingresos de 200 millones de euros y da empleo a 5.000 personas, según fuentes de la Junta de Comunidades.
Siguiendo una metodología diferente y con datos más actualizados, la Generalitat Valenciana sostiene que más de 86.000 personas practican la caza y generan «un flujo económico estimado en 420 millones de euros anuales».
Sin embargo, la mayor parte de ese flujo sale en dirección a otras comunidades autónomas donde hay más caza, pero también mejores infraestructuras para su práctica. Además, en la última década se ha producido un descenso espectacular del número de cazadores, al menos de aquellos que tramitan su licencia de caza en la C. Valenciana, que han pasado de 113.999 a 61.518 en una década.
Este descenso es consecuencia, en parte, de una creciente dificultad para cazar sin una inversión previa muy fuerte que garantiza el territorio y la propia actividad cinegética.
Según el abogado Jorge Bernad, experto en las implicaciones económicas de la caza, el Instituto Agronómico de París cifró el gasto medio de cada cazador europeo en 1.700 euros. Lejos ya del alcance de muchos de los cazadores españoles de la vieja escuela.
Confiesa Bernad que su interés por la caza como fenómeno económico se consolidó cuando en un congreso escuchó a alguien decir que hoy «vale más un ciervo que una vaca y diez veces más una perdiz que una gallina». Admite no obstante que «la mera enumeración de datos económicos no es la única forma de justificar el efecto positivo que sobre la naturaleza y las especies tiene la caza». Pero ayuda.
El experto asegura en un trabajo elaborado para Cajamar que con las actuales tasas de desempleo, se debería «valorar y potenciar la importancia que la caza tiene como fuente de empleo, sobre todo porque la mayoría de los empleos que genera la actividad cinegética se realiza en un medio rural muy castigado y con pocas alternativas de crear nueva población activa». Bernad cree, y así lo contempla también el PP, que la caza es también la base territorial para la conservación y mantenimiento de unos ecosistemas poco alterados y de un alto valor natural». Por ello, asegura que la caza debe ser participe de los instrumentos financieros de apoyo a la política agrícola o medioambiental» impulsados por Europa.
