Fuente: eldiariomontanes.es
Casi seis años después, el Tribunal Supremo ha puesto fin al litigio que la Asociación de Cazadores Regionales de la Reserva del Saja mantenía con el Gobierno regional en relación al reparto de cacerías en este espacio cinegético en función de la catalogación que tuviera cada grupo de cazadores.
La sentencia del Supremo, que ratifica una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, deja claro que el decreto que regula las Reservas Regionales, en sus artículos 5, 6, 8, 9, y 10, no responde al principio de facilitar el ejercicio de la caza en régimen de igualdad, algo denunciado ya en 2008 por el colectivo, que reclamaba el establecimiento de medidas que permitieran que locales y regionales tuvieran el mismo derecho a la hora de practicar la actividad cinegética en la Reserva.
La decisión final de Supremo, notificada ya a las partes y que deberá ser publicada en el BOC en los próximos días, ha sido acogida con satisfacción por la Asociación de Cazadores Regionales, que la valoran de forma «muy positiva».
Su responsable, Julio Sánchez, tiene claro que «el Gobierno lo que debe hacer ahora es aplicar la sentencia y, si no es así, seguiremos pleiteando» para hacer valer los derechos que le ha reconocido el Tribunal Supremo. «En estos momentos, estamos a la espera de lo que pueda hacer el Gobierno», asegura Sánchez, que señala además que ya se han dirigido a la Consejería «para abrir un cauce de diálogo» que se enmarque siempre «en lo que ha dictado el Supremo». El objetivo de este colectivo de cazadores es, como parece evidente, «que todos podamos cazar en las mismas condiciones». «Eso sería lo lógico», añade.
Julio Sánchez, que asegura no tener nada en contra de los cazadores locales -«queremos nuestros derechos, no ir en contra de los de los demás»-, manifiesta que, a su juicio, la forma más lógica de aplicar esta sentencia sería «hacer un sorteo según el cual todas las cuadrillas tuviéramos el mismo número de cacerías». «Debería ser un sorteo con dos bombos: uno para las cuadrillas y otro con las cacerías. Y nada más».
Método y plazos
Y en este punto es, precisamente, donde más problemas parece que vaya a tener la Administración regional, ya que satisfacer los intereses de todas las partes implicadas parece bastante complicado, no sólo por lo que dicta en sí la sentencia, sino por los plazos para poner en práctica de forma efectiva el sistema que finalmente se establezca para poder hacer efectivo el dictamen del Alto Tribunal. En este sentido, desde la Consejería de Ganadería se está buscando un consenso que, en caso de no producirse, y dado que se ha modificado el actual decreto, haría necesario volver al del año 2004, el que regía la Reserva antes de que se iniciara este conflicto judicial.
Los principios que deberían regir este reparto de cacerías, en virtud de la decisión del Supremo, tendrían que basarse en porcentajes de reparto -si finalmente se establecieran- que no vulneraran el principio de igualdad, aunque aún es pronto para saber qué hará la Administración regional, que es quien tiene la responsabilidad de establecer las bases para que la confección del calendario esté ajustada a lo que se determina en esta sentencia, que culmina un proceso iniciado en el año 2008 por un buen número de cuadrillas locales que se sentían agraviadas respecto a las calificadas como locales.
