Fuente: elpais.com / Fernando Iwasaki
Mientras redacto estas líneas, miles de galgos han muerto ya tiroteados, ahorcados, arrojados en pozos, arrastrados por coches, atropellados en alguna carretera secundaria o desfallecidos por el hambre y la sed, como cada año por estos días cuando termina la temporada de caza. Puede apreciarse en el documental Febrero, el miedo de los galgos (Waggingtale Films), proyectado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de marzo por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA).
Cada vez que llega febrero, miles de galgos mayores de tres años son masacrados o abandonados en España; buena parte de esa cantidad corresponde exclusivamente a Andalucía. La caza con galgo es una antigua tradición española que aparece documentada en el primer párrafo de El Quijote, pues Alonso Quijano era “hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor”. Sin embargo, del Siglo de Oro a nuestros días la caza con galgo ha degenerado en carnicería, y por eso la APDDA considera que ha llegado el momento de legislar creando reglamentos, controles, seguros y penas que acaben con la impunidad de los maltratadores.
No se trata de prohibir la caza, sino de erradicar la crueldad. Solo en 2005, la Guardia Civil procesó 540 denuncias, divididas en 13 por tiroteos, 15 por ahorcamientos, 10 por palizas con resultado de muerte, 115 por desnutrición, 159 por abandono y 228 por otras faltas, aunque la Federación de Asociaciones de Protección Animal (FAPA) calculó en 150.000 el número de galgos ahorcados, quemados vivos, descoyuntados a golpes o inyectados con lejía durante el mismo 2005. Hay comunidades como Cataluña que persiguen el maltrato animal y otras como Andalucía donde la Junta consiente que se entrenen galgos encadenándolos a coches en marcha, con atroces resultados de quemaduras, patas quebradas y muerte por estrangulamiento.
Aunque los galgos de caza registrados suman 500.000, se calcula que el número real es más bien el doble. Y como no es fácil saber si los que matan y torturan son cazadores, galgueros, ladrones o los tres indistintamente, las ONG exigen que se endurezcan los controles y se penalicen los abusos.
Al Congreso de los Diputados acudieron ONG como SOS Galgos, Galgos sin Fronteras y Baas Galgo, quienes demostraron el boicoteo internacional contra productos españoles a causa del maltrato animal. Para corroborarlo asistieron la Fundación Franz Weber (Suiza), el CREL (Francia) y la Global Animal Rescue (EE UU), cuyas denuncias proporcionan una imagen más bien sangrienta de la “marca España”.
Por eso mismo, algunas de las ONG defensoras de los galgos son dirigidas o patrocinadas por mecenas extranjeros como la alemana Gisella Mehnert, que me recibe en el refugio que ha construido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). La Fundación Benjamín Mehnert ha invertido más de dos millones de euros en sus dotaciones: UCI, quirófanos, farmacia, laboratorio y residencia para que los interesados en adoptar convivan unos días con los perros. Mientras sus veterinarias examinan el cadáver abalaeado de un galgo, Gisella me dice: “Quienes son inhumanos con los animales, no son mejores con los seres humanos”.
Chesús Yuste, portavoz de la APDDA, reconoce que “sería una quimera prohibir la caza como en el resto de Europa, pero podemos conseguir penas de cárcel para los torturadores”. Todavía quedan hidalgos en España, quienes cabalgan de nuevo como quijotes en defensa de los galgos corredores.
