El pasado 11 de enero entró en vigor la Ley de Bienestar Animal de Galicia. Durante su tramitación, fue aplaudida por muchos por prohibir animales salvajes en los circos, pero también criticada por evitar el espinoso asunto de las corridas de toros. Sin embargo, la consecuencia más directa a los tres meses de su estreno no tiene que ver ni con los circos ni con los toros, sino con los perros.
Miles de ellos han sido abandonados, muchos más que en años anteriores, como consecuencia de la obligación que se impone a sus dueños de colocarles un chip y a las severas sanciones, de 501 a 5.000 euros, para los que incumplen este deber o no los tienen en correctas condiciones de cuidado e higiene.
Los refugios para animales se están viendo desbordados, y los ayuntamientos reclaman ayudas a la Xunta para poder cumplir con su obligación de recoger a los animales abandonados. La mayor parte de los municipios gallegos se confiesan sobrepasados por la situación, con las perreras al límite de su capacidad. La situación se agrava si se tiene en cuenta que a las nuevas multas impuestas por la ley de la Xunta se unen los abandonos de perros regalados como mascotas en Navidad de los que sus propietarios ya se han cansado. Muchos son entregados en los refugios para animales, pero otros se abandonan a su suerte en la calle, y son recogidos en condiciones deplorables.
La policía de Vigo ha rescatado cerca de medio centenar en lo que va de año. Siete de ellos, recogidos hace unos pocos días, estaban metidos en el interior de una bolsa de plástico dentro de un contenedor. La perrera municipal viguesa, con capacidad para 300 animales, cuenta en la actualidad con más del doble: 650. También tuvo una notable repercusión el hallazgo de cinco cachorros que alguien abandonó junto a otro contenedor de basura en Pazos de Borbén, inconscientes y con un elevado riesgo de sufrir hipotermia, que fueron recogidos por agentes de la Guardia Civil de O Porriño. Tras lograr reanimarlos, los trasladaron al centro de acogida de animales CAAN de la Diputación de Pontevedra, en Armenteira. La guardia civil abrió diligencias por un supuesto maltrato animal, pero nada se sabe del responsable porque los animales carecían de chip.
La situación ha obligado a intervenir a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que ha advertido a la Xunta del sobrecoste que supone para los ayuntamientos la obligación de atender a los animales abandonados. Según los informes de la federación, cada municipio tendrá que realizar un gasto anual de entre 50.000 y 200.000 euros para cumplir la ley, una cantidad nada desdeñable para los de pequeño tamaño. Los alcaldes han solicitado una reunión con responsables de la Consellería de Medio Ambiente para “llegar a acuerdos e intentar solucionar el desbordamiento que tienen los municipios” por la aplicación de la nueva normativa autonómica.
Piden endurecer las sanciones
La federación de municipios gallegos discrepa de las organizaciones que creen que la imposición del chip obligatorio ha contribuido a aumentar los abandonos. Más bien al contrario, solicita un endurecimiento de las sanciones porque cree que, una vez identificados, serán menos los propietarios que se desprendan de sus mascotas.
Aunque este año se ha disparado, el fenómeno del abandono animal en Galicia viene de atrás, aunque no hay datos oficiales específicos de la comunidad autónoma. Según un estudio de la Fundación Affinity, en 2016 fueron recogidos 104.447 perros en todo el país, además de 33.335 gatos. La tasa nacional de abandono o pérdida es de 22 perros por cada 10.000 habitantes, pero en Galicia, de acuerdo con los cálculos de la asociación animalista Libera, es mucho mayor.
Según esta entidad, 2017 se cerró en territorio gallego con 19.000 animales abandonados, sobre todos perros pero también gatos, lo que supone 2.200 más que el año anterior, cuando ya se había denunciado un incremento de un 22,6% en tres años. En 2018 serán muchos más, de acuerdo con la opinión de las organizaciones animalistas. Las camadas indeseadas son el principal motivo de abandono, seguidas del comportamiento del animal, el final de la temporada de caza, factores económicos, la pérdida de interés por el animal y el cambio de domicilio, de acuerdo con el informe de Affinity.
Fuente: elconfidencial.com
