La FOP pedirá cinco años de cárcel para el celador acusado de incendio

Fuente: DiariodeLeón.es – C. Fidalgo, 28/05/2012

La Fundación Oso Pardo (FOP), personada como acusación popular en la causa abierta contra el celador de La Reserva de caza de Los Ancares acusado de incendio, solicitará al menos cinco años de cárcel para Alberto García.

Así lo han adelantado fuentes de la Fundación, que optarán por pedir la imputación formal del celador por un delito de incendio y la pena más alta prevista en el Código Penal al tratarse de una persona encargada precisamente de velar por el monte.

A la espera de concretar su escrito de acusación tras la comparecencia del acusado ante el magistrado del juzgado número ocho y las partes, el próximo día 18 de junio, la Fundación Oso Pardo entiende que Alberto García es responsable de al menos un delito de incendio forestal que según el artículo 352 del Código Penal tiene unas penas previstas de uno a cinco años de prisión, además de multa de 12 a 18 meses. La pena solicitada para el celador podría ser incluso mayor de los cinco años si finalmente se demostrará que el incendio llegó a poner en peligro la vida de alguna persona. El Código Penal establece entonces penas de cinco a diez años de prisión.

La Fundación advierte de que las penas se impondrán en la mitad superior del tramo previsto cuando el incendio alcance «especial gravedad», como entiende que sucede con el fuego que el pasado 17 de octubre calcinó 305 hectáreas de roble, acebo, brezo y matorral dentro del espacio protegido de la Reserva Nacional de Caza y de la Red Natura 2000. La Junta de Castilla y León, personada como acusación particular, declaró entonces el nivel 2 de alarma por la proximidad del fuego a las poblaciones de Porcarizas, Villar de Acero, Balouta y Campo del Agua, en el municipio de Villafranca del Bierzo. Las penas también oscilarán en la mitad superior del tramo previsto cuando el autor del incendio pretendiera obtener un beneficio económico quemando el monte y la Fundación Oso Pardo entiende que también podría acusarse de ello al celador, que admitió recibir propinas de cazadores a los que acompañaba para cobrarse alguna pieza subastada.

La FOP también entiende que podría aplicarse una inhabilitación de dos a cuatro años al celador para ejercer su profesión o para cazar o pescar si se aprecia que ha existido «destrucción o alteración de hábitats de especies protegidas» como consencuencia del incendio forestal.

El celador, detenido a los pocos días del incendio por agentes de la Guardia Civil y en libertad con cargos tras pagar una fianza de 10.000 euros, se encuentra suspendido de empleo y sueldo por la Junta de Castilla y León. Alberto García ha negado ser el autor del incendio y declaró ante el juez que se encontraba tomando café en casa de una vecina de Villar de Acero en el momento de comenzar el incendio. Otros testigos vieron supuestamente su vehículo oficial parado y saliendo después de la zona donde comenzó a salir humo.

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