El Gobierno australiano propuso el pasado miércoles la prohibición de algunas acciones de los defensores de los derechos de los animales, una respuesta a los incidentes de la pasada semana, cuando algunos activistas bloquearon el tráfico en Melbourne y asaltaron granjas y mataderos.
El proyecto de ley anunciado por el primer ministro del país, Scott Morrison, es bastante «inusual», según han denunciado expertos legales, porque es una respuesta a las acciones específicas del grupo activista vegano AussieFarms.
Este grupo ha publicado online un mapa interactivo de negocios de animales, por ejemplo granjas, zoos y lugares de carreras de caballos, para promocionar un documental que pide la prohibición de los mataderos.
Con la nueva propuesta, la gente que incite a los infractores publicando la localización de los negocios agrícolas y de animales en Internet se enfrentaría hasta a un año de prisión si es declarado culpable, según ha adelantado el Gobierno.
«Cuando están usando la información personal de la gente, los detalles de sus casas, no solo se trata de sus granjas, es donde sus niños viven y crecen», ha explicado Morrison desde el estado rural de Tasmania.
«Están siendo puestos en la diana de la manera más mercenaria posible por una organización que solo piensa por ella misma y no en el daño real que está haciendo a la vida de los australianos que trabajan duro», ha añadido.
Australia celebrará elecciones generales en mayo y la mayoría de los sondeos pronostican una derrota de Morrison, principalmente debido al giro de los votantes rurales hacia otros partidos.
El pasado lunes, el tráfico fue interrumpido en Melbourne por 100 manifestantes que ondeaban pancartas para promocionar el documental de AussieFarms, Dominion, para el que utilizaron drones e imágenes de cámara oculta para filmar unidades de engorde y mataderos.
Estas acciones se realizaron en tres estados de Australia, donde los activistas entraron en mataderos por la noche y en algunas granjas incluso se encadenaron a las máquinas.
El director ejecutivo del Centro legal de Derechos Humanos, Hugh de Kretser, ha asegurado que ya hay leyes en vigor que limitan las acciones de los que realizan campañas medioambientales, por ejemplo, la prohibición de irrumpir en la propiedad privada ajena.
Fuente: abc.es
