En la prensa

La Fiscalía investiga a funcionarios por la gestión de la caza en Amieva

La denuncia de la sociedad local Sierra de Borde se dirige también contra la anterior adjudicataria, Río Melón, por presunta prevaricación y cohecho.

Según información recogida del diario asturiano El Comercio, la gestión de la caza en Amieva durante el periodo en el cual la sociedad Río Melón fue adjudicataria de los derechos cinegéticos está siendo motivo de investigación por parte de la Fiscalía. Las diligencias fueron abiertas el pasado 26 de febrero, a raíz del traslado de supuestas irregularidades por parte de la sociedad de cazadores de Amieva Sierra de Borde, anterior gestora del coto. Los hechos investigados, apuntan, pudieran ser «constitutivos de delitos de prevaricación activa y omisiva, cohecho, y delitos contra los recursos naturales, y medio ambiente» y habrían sido cometidos supuestamente «por funcionarios de la actual Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y por los directivos de la asociación Río Melón». De ahí la apertura de esa investigación, en la que el ministerio fiscal tratará de dilucidar si existen indicios del delito apuntado, en cuyo caso se presentaría denuncia ante el juzgado correspondiente. En el supuesto de no hallar indicios de irregularidades, las diligencias quedarían archivadas, si bien existiría la vía de presentar denuncia ante el juzgado competente.

Desde la sociedad Sierra de Borde sostienen que en la etapa de Río Melón sus gestores, «entre los que se encuentra el anterior alcalde del PSOE de Somiedo, así como jefes de cuadrillas de dicho acotado cinegético», habrían presuntamente «colaborado en hechos» como el «robo de precintos de piezas de caza, que no fue investigado por la Consejería, conforme a escrito presentado y admitido a trámite». Apuntan además a que los gestores de la anterior asociación concesionaria se fueron en junio de 2017 «sin haber pagado las indemnizaciones por daños a los cultivos causados por las especies cinegéticas, sin abonar las nóminas a sus guardas de campo, que finalmente fueron indemnizados por el Fogasa; y sin dar cuenta detallada de sus cuentas, tras haber tenido embargos de la Tesorería General de la Seguridad Social». Y ello, denuncian, con el «conocimiento directo en la Consejería».

Sierra de Borde insiste asimismo en que dieron traslado «en varias ocasiones» de las «ilegalidades» que a su parecer se estaban cometiendo, como la «autorización de cacerías colectivas de jabalí en terrenos vedados por ley, en periodo de cría y por lo tanto inhábil a todos los efectos».

De reserva a coto

A las diligencias ahora en marcha se suma otro conflicto, el de la creación de la reserva de caza en el mismo concejo. Desde la sociedad de cazadores han impugnado tanto esa creación como la ordenanza municipal para cazadores en la reserva de Amieva al entender que «no se puede aprobar una ordenanza para cazar en una reserva de caza si ésta no existe».

El último paso dado por los cazadores de Sierra de Borde pasa por otra impugnación, la de la disposición general de vedas 2019 -2020, en la que Amieva aparece contemplado como un coto regional de caza, un planteamiento de «gestión directa» del Principado del que discrepan y que creen encaminado a «tapar» las presuntas irregularidades de los anteriores gestores. El motivo de ese «nuevo y caprichoso cambio en el modelo de gestión», insisten, «no reside en la riqueza cinegética ni en el fomento de la biodiversidad, sino en tratar de ocultar como sea las supuestas irregularidades».

Por todo ello, Sierra de Borde ha pedido una medida cautelar de suspensión «acerca de cualquier tipo de aprovechamiento cinegético en Amieva» hasta que se dé respuesta «al recurso y a la medida interpuestos, a la fecha sin resolver».

También a los grupos municipales lanzan críticas los cazadores, especialmente a Foro y PSOE por la aprobación de la ordenanza. Censuran asimismo el «apoyo público del alcalde de Amieva, que incluso se postuló a favor de la creación de la reserva regional de caza, so pretexto de los beneficios económicos que afirmaba reportarían, pero que nunca han llegado, quedando entre tanto, coto y el concejo, sin cazadores, afectando de forma grave a la economía, así como el aumento desproporcionado de los daños a los cultivos y a la ganadería», afirman.

Entre agosto de 2011 y junio de 2017, la gestión de la caza en el concejo recayó en la asociación de cazadores Río Melón, que a mediados del pasado año aprobaba su disolución. Antes, los derechos cinegéticos del concejo estuvieron tutelados por la asociación Sierra de Borde, «precursora» de la iniciativa para la creación del coto e interesada en retomar la gestión.

 

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