Por su reciente estallido, el corzo es el fenómeno cinegético de moda. Cada fin de semana, miles de aficionados salen en su búsqueda. Y las largas jornadas de rececho no garantizan dar con el llamado ‘duende de los bosques’, de condición reservada y silueta extraordinaria; de carácter arisco y trofeo codiciado.
Todo lo vinculado a esta especie ha cambiado en los últimos tiempos. Basta con conversar con algún devoto cazador para percibir la relevancia adquirida. Tanto en cantidad como en calidad. Por eso es fundamental controlar la presión poblacional. Empezando por evitar las prácticas fraudulentas, directamente proporcionales al aumento del censo.
En Aragón, el corzo se distribuye, principalmente, por el Pirineo (Huesca), Comarca del Jiloca (Teruel), Comarca de Calatayud (Zaragoza), Campo de Daroca (Zaragoza) y Cinco Villas (Zaragoza). Y es en estas zonas donde, según José Antonio Gila, teniente jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Zaragoza, más casos de furtivismo se detectan.
“Solo en nuestra provincia, en las dos últimas temporadas de caza se registraron alrededor de 15 sanciones. Hace una década no había tantos ejemplares y esa es la principal causa del aumento. Después están las particularidades que hacen atractivo a este animal”, explica Gila, refiriéndose a la carne de alta calidad que posee el corzo y, sobre todo, a la cotizada encornadura.
A nivel nacional, el Seprona ha detectado numerosas bandas organizadas que recorren kilómetros y kilómetros para dar con las mejores piezas. Aquí, el perfil del furtivo es distinto. Los infractores suelen ser personas que entran en cotos sin autorización o que obtienen precintos y no los colocan, guardándolos para fechas posteriores.
“Aquí, por el momento, no nos consta que hayan llegado las mafias. Lo más habitual es dar con cazadores que llevan un corzo muerto en el coche y el precinto en la guantera, cuando están obligados a ponerlo en el mismo momento de la captura”, valora Gila, antes de añadir que “se enfrentan a sanciones que oscilan entre 3.000 y 60.000 euros y, en función de las circunstancias y de si son reincidentes, se les puede llegar a inhabilitar”.
Más en: heraldo.es
