Tal como dispone la Ley de Caza y Pesca, «los daños causados por la fauna cinegética en la agricultura se indemnizarán por quienes resulten responsables conforme a la Legislación Civil». De hecho, a través de la gestión de los cotos en la época en la que está permitida la caza, el exceso de poblaciones se regulan a través de la caza, ampliándola o regulándola según convenga. Sobre todo en jabalíes, corzos o ciervos, y en la zona sur de la margen derecha del río Ebro en los conejos.Sin embargo, el problema surge cuando estos excesos se producen en época de veda en la que no está permitida la actividad cinegética, o cuando hay que cazar en invierno con nieve en los valles pirenaicos. Para limitar este exceso se impusieron unas medidas excepcionales que exigen como requisito disponer de un guarda de caza. Y aquí está el conflicto que tantas quejas ha levantado entre los cazadores, pues la obligatoriedad de esta contratación supone un gran esfuerzo económico que muchas veces no pueden abonar por falta de medios.
Sin respuesta
Este problema pudo ser solucionado hace unos años cuando se modificó en el año 2007 el Parlamento de Navarra el artículo 51 de la Ley de Caza y Pesca. Adecana contribuyó a que la obligatoriedad de la figura del guarda quedara reducida únicamente a estos casos: manejos de las poblaciones, caza a rececho de ciervos, monterías, controles anuales de población y cierres de cotos por gestión deficiente.
Sin embargo, y a pesar que a priori estaba pactado con la suficiente mayoría de grupos parlamentarios (UPN, PSN, NABAI PP), en última instancia, se incluyó como enmienda In Voce también esta obligatoriedad en las autorizaciones excepcionales de caza por utilizarse métodos establecidos en su artículo 39. Así, este gasto que supone el guarda lo asumen los cazadores cuando, en realidad, lo que están haciendo es ayudar de forma altruista a solucionar un problema ajeno de agricultores y ganaderos.
Borrador
Se presentó a la Comisión Asesora de Caza un borrador de una Orden Foral para establecer de manera integral lo que anteriormente estaba disgregado en diversas normativas. Se establecieron métodos de control de especies cinegéticas causantes de perjuicios importantes para la salud o la seguridad de las personas, para la agricultura, ganadería, o para la fauna silvestre o animales asilvestrados: el conejo, el jabalí, el corzo, el ciervo, el zorro, la urraca, corneja, la grajilla y el ánade real.
Entre las modalidades propuestas merece la pena destacar los métodos de control del jabalí en acotados de caza en días de nieve cuando se den unas determinadas condiciones. Los cazadores entienden que no son suficientes para solucionar este problema, sobre todo en los valles pirenaicos donde en años de climatología adversa se quedan parte de la temporada sin poder cazar, lo que deviene en daños a la agricultura en periodo de veda.
Para los propios cazadores esto supone un contrasentido. Por un lado, es un gran problema asumido por las partes. Por otro, no se dan las máximas facilidades en época de caza para solucionarlo. Al contrario, se ponen todo tipo de pegas y condicionantes que impiden a las sociedades locales llevar a cabo soluciones efectivas.
«Si los cazadores realizamos una gestión correcta, los daños ocasionados por especies cinegéticas no deberían en ningún caso suponer unos gastos económicos para la sociedades de cazadores. En cuanto a su regulación y control siempre hemos estado de acuerdo en colaborar y aportar nuestro trabajo en las época de caza, pero fuera de la misma no estamos dispuestos a tener que encima pagar un guarda», expone José Luis de Pablo, cazador y gestor de Villafranca.
El vocal de Adecana incide: «existe suficiente personal dentro de los ayuntamientos, pues cada vez más disponen de guarderío de campo, a los que les están obligando a sacarse el título de guarda. Pueden encargarse del control de este tipo fuera de temporada. Lo mismo que se ocupan de choperas, regadíos, etc., se podían ocupar de esto». «Varios cotos han tenido que cerrar en Navarra por no poder asumir los gastos de contratación de guardas y tras un periodo de tiempo cerrados, han sido los propios agricultores los que han tenido que solicitar a las sociedades que vuelva a ejercer la actividad para minimizar los daños», subraya.
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