Águilas imperiales, quebrantahuesos, avutardas, cigüeñas, búhos reales, águilas perdiceras… Es casi imposible encontrar una especie (muchas rapaces y muchas protegidas) a la que no ataque este metálico asesino: los tendidos eléctricos en los que miles de pájaros mueren cada año en España.
La Fiscalía General del Estado habla de unas «intolerables cifras de mortandad de avifauna tanto por electrocución como por colisión». Y acaba de enviar un duro oficio a las comunidades autónomas en el que critica la pasividad de las Administraciones ante el problema. En concreto, acusa a los Gobiernos regionales de no abrir expedientes sancionadores a las compañías propietarias de los tendidos e, incluso, de entorpecer el trabajo de los agentes medioambientales que tramitan las denuncias tras localizar los cadáveres.
«Es una verdadera masacre», dice sobre la muertes de aves en los tendidos Ernesto Álvarez, presidente de Grefa (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat). Lo sabe bien porque los miembros de esta asociación lidian día a día con el problema y recorren los tendidos eléctricos. También conoce lo que está ocurriendo Esaú Escolar, vicepresidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), porque lo vive en su trabajo como agente en Castilla y León. «Nos ponen muchas trabas», dice sobre las Administraciones y las sanciones contra las propietarias de los tendidos, muchas veces compañías eléctricas, pero también particulares.
El oficio enviado esta semana a las comunidades ha sido elaborado por el fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher. Este departamento abrió un expediente en 2017 sobre los tendidos y las muertes de aves. Y, tras años de solicitar información a las comunidades, asociaciones, agentes y centros de recuperación, la Fiscalía concluye que, «salvo honrosas excepciones, puede afirmarse que no se incoan por las Administraciones competentes expedientes sancionadores para averiguar la posible trascendencia legal de la muerte de avifauna por electrocución o colisión con tendidos».
El Ministerio Público señala en su oficio que «para justificar esa omisión» alguna Administración le ha trasladado que «a su juicio no es posible» abrir los expedientes sancionadores ya que entienden que esas muertes son «un mero accidente o caso fortuito». Otras, añade el oficio al que ha accedido EL PAÍS, «alegan que tienen suscritos convenios con las compañías eléctricas en los que estas últimas se comprometen a corregir los tendidos defectuosos en los que se produzca una muerte», por lo que entienden que tampoco se les puede sancionar. Sin embargo, el departamento de Vercher rechaza esos argumentos y recuerda que en la provincia de Albacete se han impuesto varias sanciones administrativas por muertes de este tipo. Y que hasta en seis ocasiones los tribunales han dado la razón a la Administración.
La Fiscalía critica la «actuación omisiva de las Administraciones» y lamenta también la falta de «medios personales y materiales» de los centros de recuperación, que informan de que el número de aves muertas por electrocución y colisión «es alarmantemente elevado».
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