Dueños de fincas denuncian el destrozo de puertas y el robo de animales mientras los activistas afean amenazas y ataques.
Todavía se ven manchones negros en la tierra, árboles calcinados y rocas quemadas en la Sierra Oeste de Madrid. El mayor incendio en la Comunidad desde que hay registros arrasó más de 2.000 hectáreas en los municipios de Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real hace casi dos meses. Aún queda en el aire, también, un conflicto que se abrió en medio de la emergencia entre algunos vecinos y animalistas que se movilizaron a la zona afectada. Los primeros denuncian el robo de animales y el destrozo de puertas y vallas; los segundos afean amenazas y ataques. Coinciden, sin embargo, en que faltan protocolos para evacuar animales en incendios o inundaciones y para evitar la improvisación en situaciones de emergencia.
Los vecinos de los tres pueblos recuerdan el «caos» y los «nervios» de esos días. «Todos estábamos pendientes. Yo he llorado, hubo noches que no dormí», cuenta Ángela Gómez, una vecina de Cenicientos, en la plaza del Ayuntamiento. El fuego ardió cuatro días. Ya la primera noche veterinarios y animalistas acudieron espontáneamente; muchos llegaron convocados por las redes sociales. El relato de lo que sucedió después varía según el interlocutor.
La Comandancia de la Guardia Civil en Madrid ha recibido «varias» denuncias tras los incendios y estudia ahora los hechos. «Unos dicen que los animales corrían peligro y otros, que no», afirman por teléfono fuentes del cuerpo, que no pueden dar más información porque aún están investigando. Las mismas fuentes aclaran que «solo los propietarios son responsables por sus animales» en emergencias.
En los municipios afectados, en las calles o en los bares, muchas personas repiten que los activistas rompieron instalaciones y robaron animales. Julio Serrano y Alicia Perris, de 63 y 67 años, tienen una finca en Rozas de Puerto Real donde hay dos caballos, burros, ovejas y un chivo, casi todos rescatados. El viernes que empezó el fuego también había en el terreno cuatro perros que normalmente viven con ellos a dos kilómetros de allí, pero que tuvieron que trasladar cuando fueron evacuados de su casa porque las llamas se acercaban. Esa madrugada alguien rompió con una cizalla la cerradura y se llevó diez de sus animales.
«Estuvimos muchos días dando vueltas desesperados buscándolos», dice Serrano a la sombra de un árbol en el terreno que tienen hace ocho años. Primero localizaron a las ovejas y el chivo. Con los perros fue más difícil porque acabaron en una protectora. Como no tenían microchip, los trabajadores del refugio no podían determinar quiénes eran sus dueños; y como Serrano y Perris no daban con ellos, no podían reclamarlos. Entonces, tras cinco días, que es el plazo que establece la ley, los perros pasaron a ser considerados como abandonados.
Para recuperarlos, la pareja tuvo que firmar un contrato de adopción y pagar más de 300 euros. Los perros regresaron con microchip, vacunados y castrados. La ley 4/2016 de la Comunidad de Madrid establece que «la adopción se llevará a cabo con todos los tratamientos obligatorios al día y previa identificación y esterilización del animal, o compromiso de esterilización en un plazo determinado». «Efectivamente, los animales no estaban en regla desde el punto de vista legal», reconoce Serrano. «Pero estaban en nuestra casa todo el tiempo. Lo que nos sentó muy mal es que los castraran», se queja.
Dos meses después aún no han recuperado al último de los animales, una burra de 13 años que se llama Severina y que sí tenía chip. «No se escapó, ni la atropellaron, ni se quemó. La robaron», sentencia Perris. «[Los activistas] parten de la base de que aquí se maltrata a los animales. A lo mejor hay gente que los tiene mal, como tiene mal otras cosas. Pero no todos los ganaderos, ni todos los rehaleros los tienen mal», incide la mujer, que afirma que para ellos los animales son familia y que solo los tienen «por gusto». Eso, asegura, incluso ha confundido muchos años a sus vecinos ganaderos: «En el campo, los animales son útiles: para comer, para tirar, para fabricar, para algo, no son de compañía».
Como ellos, otros denuncian situaciones similares. Paulino Ramos, dueño de una finca en la que tiene dos caballos y perros de caza, recuerda que el fuego no llegó a su terreno, pero «pasó cerca, a un kilómetro o 600 metros». Los días que duró el fuego estuvo en Cenicientos e «iba y venía» a ver a los animales. «En un intervalo –dice– entraron sin permiso«.
«Llenaron los comederos de los caballos de pienso. Los caballos son muy delicados, necesitan su porción y a sus horas porque les puede dar cólicos, y muchos suelen ser mortales», explica. «Y les dejaron cubos de agua. Se pensarían que no iría en un mes, vamos», sugiere. «Es una falta de respeto», se queja Santiago Domínguez, otro ganadero que estuvo durante los incendios en la zona. «No puedes hacer eso. ¡No saben cuidar a un animal!».
Fernando Sánchez, presidente de la asociación Salvando Peludos, que estuvo esas noches en la zona e intervino para localizar a los animales de Serrano y Perris, defiende que «la motivación de todo el mundo era ayudar». Él trabajó junto a otras cuatro personas, pero en la zona había más profesionales y voluntarios que habían acudido por sus medios. «Todo ardía sin control la primera noche», recuerda. «Nos llevamos a nuestro centro seis animales porque eran las cuatro o cinco de la mañana y los propietarios no cogían los teléfonos; después fueron devueltos, salvo un podenco que su propietario ya no quería».
A partir de la segunda noche, señala el animalista, «estaba todo muy organizado». «Llegamos a fincas que ya estaban abiertas; estábamos con la Guardia Civil al lado», sostiene. «Algunos vecinos incluso nos daban sus llaves y nos pedían que accediéramos», continúa. Después, afirma, «la cosa se puso muy tensa». «Empezaron a increparnos. Unos chicos querían abrir unas fincas para que las vacas pudieran huir si el fuego llegaba y vinieron unos vecinos del pueblo a decir que qué hacéis, que no tenéis ningún permiso, ningún derecho», relata.
«Nadie sabía hasta dónde iba a llegar el fuego. Si tú ves las llamas a 300 metros y un animal que necesita ayuda… Yo no abrí puertas, pero si las hubiera tenido que abrir las abría sin ningún problema», sostiene el presidente de Salvando Peludos, que tras el incendio, y junto a su equipo, asistió a los animales «quemados y famélicos» de un ganadero que durante cuatro días no recibieron agua ni comida porque los caminos estaban cerrados. Más de 80 murieron en esa finca, según cuenta. «Hay gente a la que no le llegó el fuego y le cogieron los animales y están enfadados. Si hubiera llegado el fuego estarían agradecidos», defiende el animalista.
José Ayala, dueño de una finca en la Sierra Oeste y periodista, recuerda que cuando empezó el incendio y supo que en las redes sociales se estaba difundiendo una convocatoria para acercarse a asistir a los animales pensó: «Pero si aquí está todo controlado. Está la gente haciendo lo que se puede hacer». «Si vienes aquí, te coordinas con alguien y dices ‘¿qué podemos hacer para ayudar?’. Una cosa civilizada. Pero no llegas, rompes puertas y robas animales«, critica.
«Tienes que tomar decisiones porque no hay nadie que las tome por ti, porque no hay planes de actuación ni de desalojo de animales en incendios», defiende Rocío Puche, una veterinaria de Chinchón que estuvo esos días dando asistencia junto a otros profesionales en los pueblos. Escuchó a vecinos agradecidos y a otros enfadados porque irrumpieran en sus fincas. «¿Hay propiedad privada? Sí. ¿Hay animales en peligro? También», plantea el dilema y zanja: «Son momentos de emergencia y hay que actuar según tu conciencia».
Fuente: .eldiario.es
