Primera jornada del juicio contra nueve personas acusadas de furtivismo en Ávila hace once años, en la Operación Almanzor.
Durante la vista celebrada en jornadas de mañana y tarde de este miércoles los acusados declararon no recordar con claridad los hechos acontecidos, dado el tiempo transcurrido desde que se llevara a cabo la operación de la Guardia Civil, argumento que las partes consideraron como sólido, según ha manifestado Juan Manuel López, abogado de Ecologistas en Acción, que representa la acusación popular.
En la primera sesión prestaron declaración los nueve acusados y parte de la docena de testigos que comparecen en el proceso, que terminará este viernes con la declaración de los testigos restantes y la formulación de las conclusiones.
Desestimación de las escuchas telefónicas
Las defensas, por su parte, mantuvieron la petición de nulidad de las actuaciones probatorias, estrategia con la que ya consiguieron la suspensión de la vista oral convocada para septiembre de 2014 en base a la anulación de las escuchas telefónicas y, en consecuencia, de las pruebas a las que estas condujeron.
Esto desembocó entonces en la reducción del número de acusados de los 29 iniciales a los 9 que ahora se sientan en el banquillo y en la retirada de la acusación particular de la Asociación de Propietarios de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de Gredos y, más recientemente, de la Junta de Castilla y León, quedando en la acusación el Ministerio Fiscal junto a Ecologistas en Acción.
Sin embargo, esta vez tanto el fiscal como el juez se han remitido a la sentencia para resolver la solicitud de las defensas.
Para los acusados se solicita una pena de dos años de prisión, una multa de 18 meses a razón de 50 euros al día y la inhabilitación de seis años y medio para la caza y actividades comerciales relacionadas con la actividad cinegética.
Modus operandi
El letrado ha explicado que la trama funcionaba con «modus operandi» concreto para el furtiismo, en la que los implicados aseguraban abatir machos medallables por «cantidades irrisorias» de 3.000 euros, cuando el precio oficial era de «varios miles de euros más, hasta 17.000».
El caso se remonta a 2008, cuando el Seprona de la Guardia Civil, bajo el nombre de Operación Almanzor, realizó una investigación sobre un grupo criminal dedicado a la caza ilegal de machos de cabra hispánica en Gredos.
Se llegaron a intervenir numerosas cabezas de reses, restos de especies protegidas y muchas armas de todas clases, algunas no autorizadas o sin legalizar.
Fuente: elnortedecastilla.es/
