El lince ibérico, por su situación de en peligro de extinción, se convirtió desde el principio en uno de los paradigmas de la protección y un ‘chollo’ para los movimientos ecologistas radicales.
En el anterior artículo tratamos de la evolución de los movimientos ecologistas desde finales del siglo XIX hasta antes del inicio de la guerra civil. En este artículo final veremos esta evolución desde la guerra civil hasta nuestros días.
Tras la guerra civil y sobre todo en la primera etapa del régimen franquista, se produce un cambio de orientación de estas políticas, generándose una cierta ralentización de la línea conservacionista y pasando a dominar una ideología agrarista basada en una firme defensa del campo. Esto se demuestra en el hecho de que un organismo de importante peso en la política anterior como era la Comisaría de Parques Nacionales pasara a integrarse dentro del Consejo Superior de Caza, Pesca Fluvial y Parques Nacionales, siendo gestionada por la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial del Ministerio de Agricultura.
Conservación agraria
Estos cambios significan una nueva línea de trabajo, mas técnica y de alguna manera más alejada de las líneas de conservación que se estaban siguiendo en el resto de Europa. Hemos llegado así a un momento en el que la conservación de la naturaleza en su concepto más amplio, estaba siendo dejada de ser llevada a cabo por los naturalistas y científicos para pasar a ser gestionada por otros colectivos más técnicos como los ingenieros de montes.
Durante los primeros años de este cambio de régimen, la política de conservación como tal se convirtió en un elemento casi puramente testimonial, carente de importancia, quizá debido a la delicada situación económica del país que tampoco permitía grandes alegrías. En este sentido, no hay que olvidar que el desarrollo del conservacionismo es un fenómeno complejo en el que concurren aspectos sociales, políticos y económicos. Ilustraremos este comentario viendo como en los veinte años que van de 1939 a 1959 sólo se crearon tres parques nacionales y un sitio natural de interés nacional, mientras que, en los veinte años previos, entre 1916 y 1936, se crearon dos parques nacionales, un sitio nacional, catorce sitios naturales de interés nacional y un monumento natural.
Un ejemplo de este cambio en la gestión de la naturaleza lo tenemos con la creación en 1940 del Consejo Superior de Caza, Pesca Fluvial y Parques Nacionales que se ocupaba sobre todo de la toma de medidas para favorecer «la conservación, fomento y aprovechamiento de las especies», así como el «mejor desenvolvimiento del aspecto comercial y social de las industrias derivadas de la caza y de la pesca».
Vemos por tanto que la caza sigue manteniendo un importante papel en la política gubernamental y así, en 1951 el Servicio Nacional de Pesca Fluvial paso a denominarse Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza. En la composición de este Servicio no había nadie especializado en Parques, y este órgano quedó dividido en dos secciones –una de Pesca Continental y otra de Caza y Parques Naturales–, sin que se considerase que los Parques mereciesen una sección independiente y sin referencia alguna a otros protegidos diferentes de éstos.
En esta línea, el Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962 –que desarrollaba la Ley de Montes de 1957–, hablaba ya abiertamente en su artículo 198 de un aprovechamiento ordenado de la caza y la pesca en los Parques Nacionales y los Sitios Naturales.
Todo este proceso en 1971 se comenzó a articular en torno a un organismo específico de nueva creación, el controvertido ICONA.
Dentro de esta línea de actuación, sería a través precisamente de la caza como se irían tomando las primeras medidas en materia de la conservación de especies.
Un ejemplo claro lo tenemos en la Ley de Caza de 1970 que recogía una figura claramente conservacionista, los Refugios Nacionales de Caza, en los que la caza quedaba prohibida «para asegurar la conservación de determinadas especies de la fauna cinegética» en virtud de razones «biológicas científicas o educativas».
Otra figura a priori conservacionista recogida en esta Ley, eran las Reservas Nacionales de Caza, cuyo antecedente estaba en los Cotos Reales promovidos por Alfonso XIII en 1905 y llamados Cotos Nacionales a partir de 1932. Sin embargo, las reservas buscaban prioritariamente un aprovechamiento ordenado de la caza en determinados territorios y que a su vez proporcionase ciertos ingresos a la Administración. Es decir, más que la protección explícita de la fauna, lo que se pretendía en realidad era fomentar su ‘utilización’ racional.
Al margen de la protección temporal que se obtenía a través de la orden general de vedas (un viejo instrumento de planificación de las actividades cinegéticas que ya se recogía en la ley de caza de 1902) o de la tradicional protección a las aves insectívoras beneficiosas para la agricultura, sólo se llegó a una protección faunística más amplia con el tardío decreto 2573/1973, que declaró la prohibición total de caza de cincuenta y cuatro especies.
De esta época provienen también las cuestionadas introducciones de ciertas especies foráneas o el hecho de que hasta los años sesenta el Servicio Nacional de Caza y Pesca Fluvial dispusiera de unas Juntas de Extinción de Animales Dañinos que llenaron los montes españoles de estricnina y otros venenos para acabar con lobos, aves de presa, etc… pagando a quien presentara la cabeza de estos animales.
‘Ecologismo sandía’
Si como hemos visto, desde finales del s. XIX y principios del XX lo que surge es un movimiento conservacionista, ligado sobre todo a los científicos y naturalistas, junto a cazadores y muy ligado a la Administración o lo que es lo mismo a la política del momento, será ya a fines de los años 60 cuando comienza a aparecer el llamado ‘ecologismo’, un movimiento social, ligado a jóvenes de clases medias, poco organizado pero, sobre todo, desligado de los poderes públicos, aunque si unido de manera clara con las posiciones más izquierdistas.
Con algunos de estos movimientos ecologistas comenzaron a llegar los primeros enfrentamientos con el mundo de la caza, este fue el caso de AEORMA (Asociación Española para la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente), que quizá fue la organización ecologista más importante a finales del franquismo y entre cuyos objetivos estaba, por ejemplo, la defensa del urogallo.
Como curiosidad, para hacernos una idea de la visión que desde la Administración se tenía de este ecologismo incipiente, en un documento de trabajo del ICONA en 1984 se le definía como «movimiento anti-sistema de protesta», que reunía «en sus filas a personas de muy diferente procedencia ideológica que sólo tenían en común una insatisfacción coincidente».
Lo que está claro es que temas tales como la protección de especies de caza frente a lo que consideraban una presión cinegética excesiva y la contribución al desarrollo regional a través de un turismo de naturaleza, empiezan a ser puntos fuertes en la ideología de estos grupos.
La ya mencionada Ley de Caza de 4 de Abril de 1970, contó con una amplia base social para su elaboración participando en ella la Federación Española de Caza, Sociedades de Cazadores, propietarios de terrenos cinegéticos, agricultores y cazadores siendo curiosamente, la primera ‘ley’ de protección hecha en España puesto que en ella ya se habla de «especies que deberían protegerse, por considerarse de interés científico, en vías de extinción, en fase de aclimatación, beneficiosas para la agricultura, crías o hembras de aquellas que tengan un señalado valor cinegético, o que estén incluidas en convenios internacionales suscritos por el Estado español».
Ocho años más tarde, terminada ya la época franquista, se aprueba la Constitución Española de 1978, que obliga a que todo su desarrollo normativo posterior responda al logro de un uso racional de los recursos naturales, y señalando que «la riqueza del país, en todas sus formas, estará al servicio de la sociedad en su conjunto y sometida a la planificación económica del Estado».
En materia de caza, la Constitución aborda el reparto de competencias, recogiendo dos títulos competenciales diferentes que inciden sobre el mismo objeto: la fauna. Estos títulos competenciales son la protección del medio ambiente y la caza.
En cuanto a la caza, se trata de una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas (artículo 148.1. 11º). Por eso, hoy todas las Comunidades Autónomas han asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía esta competencia en exclusiva y les corresponde a ellas el desarrollo legislativo para configurar un marco normativo regulador de la actividad cinegética dentro de sus territorios.
Con la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de forma histórica aparecen regulados en una única norma y por primera vez, tanto el régimen de los espacios naturales como de la fauna y flora silvestres y a la vez que se incide sobre la caza en diferentes aspectos como la obligatoriedad de los Planes Técnicos en España.
Lo que sí parece claro es que con el fin del franquismo comenzó a aflorar un ecologismo más politizado que se llegó a definir como «movimiento por la justicia ambiental, el ecologismo popular, el ecologismo de los pobres, nacidos de conflictos ambientales a nivel local, regional, nacional o global causados por el crecimiento económico y la desigualdad social».
De ‘héroes’ a ‘casposos’
Para no hacer más extenso el tema y porque a partir de esta momento ya todo nos es mucho cercano, iremos concluyendo que desde las últimas décadas estamos asistiendo a una cada vez mayor influencia de los colectivos ecologistas en la clase política, sea del color que sea y que esto se va traduciendo en una perdida paulatina de la influencia del sector cinegético en las decisiones políticas y, lo que es peor, que estás están siendo con carácter general, contrarias a nuestro sector.
La situación se complica aún más si tenemos en cuenta que el panorama cinegético en materia legislativa es ciertamente complejo por dos razones fundamentales: que por un lado existe un marco normativo diferente en cada comunidad autónoma y por otro que al ser una práctica que afecta a casi el 80 % del territorio nacional es capaz de interactuar o interferir con otras múltiples actividades (agropecuarias, turísticas, recreativas, de investigación…), con todo lo que eso conlleva a la hora de compaginarlas.
Por si fuera poco, además tenemos que sumar toda la legislación europea que, con carácter general, se ve influida por los vientos ecologistas que imperan por Europa y de los que nuestro país, al ser miembro de la Comunidad Europea no queda exento.
Yo siempre he dicho que quizá lo más peligroso ha sido la aparición de una tercera figura que se suma a la de cazadores y ecologistas y que podemos denominar “ecologista de salón “que no es otro que aquella persona que, desde el salón de su casa, desconociendo absolutamente el mundo rural, sus tradiciones y necesidades, llora apalancado en el sofá por esos animalitos brutalmente asesinados por unos seres llamados cazadores y que goza de una mentalidad convenientemente adoctrinadas desde los sectores animalistas más radicales.
Lo que nos queda claro viendo esta evolución es que desde el poder político se está atendiendo cada vez más a estos sectores conservacionistas frente a los cinegéticos y un ejemplo que no admite dudas lo tenemos en los datos aportados en estos últimos días por diferentes medios que hablan de los más de 12,3 millones de euros recibidos por estos colectivos entre los años 2015 y 2017, mientras que el sector cinegético que aporta a las arcas públicas más de 3800 millones de euros y que genera más de 54000 empleos, apenas recibe ayudas directas.
Mediante este repaso histórico, hemos podido ver la evolución ‘política’ de la caza en algo más de un siglo y como, según va evolucionando la sociedad en sus gustos ya aficiones, la política se ha ido amoldando a ellas y como consecuencia, la caza al igual que otros sectores, se encuentra al pairo de los vientos que soplen en ese momento.
Así, últimamente los cazadores hemos pasado de ser denominados casposos por un ministro del Gobierno actual, a ser queridos por todos los partidos políticos y esto por mor de unas elecciones políticas recientemente celebradas. ¿Hasta cuándo seremos queridos?, esperemos a ver por dónde nos viene el aire…
Lo dicho… ¿Caza y política juntas?, ¡malo…!
