Siempre se ha dicho que de todo podemos sacar una enseñanza: es el caso de la caza de elefantes. A muchos cazadores, principalmente si son personas conocidas, se las ataca por cazar el paquidermo, normalmente utilizando medios de comunicación con gran audiencia, que llegan a muchas personas, incluso a los responsables de las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social. Esta cuestión debió quedar en el subconsciente de algunos de estos últimos, y es posible que pensaran que, quizá, puesto que los cazadores ‘atacan a los elefantes’, no sería mala idea ponerse la capa de estos mamíferos y cargar en su nombre, como ellos lo harían, contra los cazadores. Por desgracia, todo esto, de sentido figurado tiene poco, la realidad nos lo está demostrando.
La reacción de los cazadores no ha sido detener la carga con un par de balazos de un .470 NE, y no será por falta de dicho instrumento o de otros de similares características, más bien lo contrario. Ante las inspecciones de Trabajo, que comenzaron sin diálogo previo, para conocer el sector y sentar las bases oportunas, las asociaciones de defensa de la caza no reaccionaron con manifestaciones ni grandes titulares de crítica ni buscando apoyos en partidos políticos de oposición ni denuncias o reclamaciones, más bien lo contrario, buscaron el diálogo ofreciendo su colaboración. Eso sí, solicitando a su vez un análisis de los distintos casos que podrían plantearse. La asociación Atica-CLM, por ejemplo, se reunió con el Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real y el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real; asimismo, días después, con el Jefe de Inspección de Toledo y con el Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha… para terminar con el Delegado del Gobierno de la citada región.
En dichas reuniones, principalmente, los responsables políticos reconocieron que faltó desde un primer momento el diálogo, conocer el sector antes de abordarlo. Por otro lado, los técnicos platearon que habría que tener en cuenta lo que dice la ley, pero, claro, «tanto lo que favorece como lo que no». Del primer caso hay un ejemplo claro que se deduce del Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en particular del artículo al que se refiere el campo de extensión de la aplicación del sistema de Seguridad Social. Me refiero al artículo 7.6: «(…) el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y oídos los sindicatos más representativos o el Colegio Oficial competente, podrá, a instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida». En la reunión con el Director Territorial, entre otras cuestiones, se fijó para los rehaleros que eran trabajadores por cuenta ajena, en atención a su jornada, un número de treinta días de caza para no exigirle el alta en la Seguridad Social. Pero, eso sí, de ninguno de los acuerdos tomados quisieron plasmar nada por escrito. La falta de documentos, imprescindibles para demostrar los acuerdos y tener seguridad jurídica, ha llevado a distintas situaciones nada deseables, en unos casos provocadas por personas del propio sector cinegético y, en otros, por ciertos subinspectores.
La verdad es que los responsables de las inspecciones cumplieron con buena parte de las cuestiones que se plantearon en las reuniones. Sin embargo, distintas subinspectoras, principalmente en la provincia de Toledo, alegando que no tenían constancia de nada, arremetieron como ‘elefantas’. En una ocasión, valiéndose de la compañía de unos agentes del Seprona, detuvieron, sobre las ocho horas y treinta minutos, los vehículos en un camino vecinal que servía de acceso a la montería que debían inspeccionar, dándose la casualidad (o quizá no) que coincidió que también circulaba por dicha vía el personal de otra montería. Imaginen el caos organizado, las funcionarias y agentes pidiendo papeles coche por coche. A los retrasos en la montería había que sumar la confusión creada, principalmente en los rehaleros que eran trabajadores por cuenta ajena, que seguían sin tener nada por escrito que les asegurara que actuaban bajo total legalidad. Problemas de este tipo fueron originados en otros tres casos, que tengamos noticia, dos más en Toledo y otro en Ciudad Real, en este último las inspectoras llegaron a personarse en las perreras de varios rehaleros cuando salían con destino a su lugar de caza.
Atica-CLM ha seguido con reuniones a todos los niveles, informando de cada situación ocurrida a los responsables administrativos y pidiéndoles que dieran soluciones, tanto para los rehaleros como para los organizadores de cacerías. Termina la temporada sin ninguna solución oficial de la quede constancia, con auténticas talibanas de la inspección campando a sus anchas, con algunos organizadores exigiendo altas en la Seguridad Social que no tienen sentido, y con una gran confusión en la forma en que deben actuar muchos rehaleros y otros colaboradores imprescindibles en las monterías.
Lo cierto es que la citada organización, de defensa de la caza, ha reunido distintos documentos oficiales que muestran contradicciones importantes en cuanto a las exigencias a los rehaleros, incluso que solicitan a la persona requerida documentos que no existen. Lo normal, visto el escaso interés que la administración está tomando para solucionar los problemas, es que las cosas terminen en los juzgados y, posiblemente, otras acciones por nadie deseadas, que ya en ocasiones fueron realizadas en Castilla-La Mancha, tengan que volver a repetirse.
Por Juan Caballero de la Calle.
