Las brumas del Duero: ‘Juego sucio’

felipe vegue

Es condición humana no valorar los indudables beneficios de la buena convivencia y anteponer siempre los motivos de discrepancia que siempre existen entre las personas. Ciertos grupos animalistas, por ejemplo, creen que la sociedad debe anteponer sus demandas por encima de todo y consideran a los demás, que discrepan de su abstracción paranoica, como seres desgraciados que tienen que ponerse al servicio del idílico mundo que bulle en sus cabezas. Somos animalistas, veganos y libertarios, y que la gente se entere. Partidos animalistas con esta base pragmática los hay, y todos ellos buscan, desde corrientes diversas, un ideario utópico mezclándolo con demasiados conceptos. Quieren, condicionan y hasta obligan a la sociedad a que la relación con los animales y el medio ambiente se realice bajo sus premisas, por encima, incluso, de intereses comunes y hasta de las personas. Cada década marca tendencia y ésta parece estarlo por el ideario animalista.

Estos conceptos y el camino seguido no convencen a casi nadie. Obligar a la sociedad a seguir doctrinas que mezclan idearios, es mezquino. Tienen en sus filas ‘ecologistas’ que reconocen prácticas tradicionales compatibles con el medio y que pueden caer en la trampa del extremismo más reaccionario. Éste puede dar miedo y más cuando en sus filas se conocen personas bien intencionadas y con la cabeza bien amueblada que se pueden dejar arrastrar por las tendencias radicales de estos grupos comehierba.

Estos últimos no sólo atacan con su ideario y el amedrentamiento a través de acciones cada vez más radicalizadas; una nueva escalada está teniendo lugar contra nuestro colectivo: internet. Las páginas y redes sociales están siendo asaltadas e infectadas de graves insultos, descalificaciones, acusaciones y, en el colmo de lo novedoso, pirateando webs de caza e insertando enlaces a páginas de contenido zoofílico y demás desviaciones. Así, los usuarios comprobarán cuán depravados son los cazadores.

Surgen ruegos de personas atacadas por estas prácticas solicitando que intervengan las federaciones y otras entidades de defensa del cazador. Nos piden la denuncia para acabar con el acoso de estos difamadores. Esperemos que estas primeras acusaciones sirvan para disuadirlos. Si no es así, guardaremos las capturas de pantalla donde aparezcan contenidos de estas características y otros datos para ponerlos en conocimiento de las unidades de delitos telemáticos, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional (BIT), para que ellos investiguen las direcciones (aunque estén ocultas) de los usuarios que infringen la ley y éstos sean perseguidos y castigados, tal y como está ocurriendo con variados delitos de ciberacoso.

Existe un gran desconocimiento por la mayoría de los usuarios/internautas sobre la infracción penal que los de esta calaña están cometiendo en sus continuados actos, incluso en casos de URL identificada. Los infractores se mofan en su desconocimiento de las gravísimas consecuencias que les puede acarrear lo que se dice o se hace en internet.

Otra de sus estrategias –muy habitual últimamente– consiste en el ataque sistemático a toda normativa que se publique en materia de caza y que sustente o posibilite nuestros aprovechamientos tradicionales, utilizando a los tribunales de justicia como arma arrojadiza. Así se consigue tener permanentemente en jaque y cuestionadas las actuaciones de la administración y en vilo a los cazadores, cuyos representantes se ven obligados a utilizar gabinetes técnicos especializados en su defensa, que siempre acarrean un elevado coste. Con la excusa de exigir el cumplimiento de las distintas normativas existentes, las asociaciones anticaza judicializan la práctica cinegética y cuestionan en sí la propia actividad. Además, como la mayoría están registradas como ONG, acudir a la justicia les sale más barato; aunque sus abogados, que suelen ser activos militantes de la causa, no creemos que trabajen gratis.

En todas las ocasiones en que es necesario un cambio legislativo por adaptación a normas europeas, el ecologismo de beligerancia denuncia sin pudor impactos negativos de las distintas normas de caza. Presionan y en ocasiones obtienen de los organismos europeos prohibiciones y moratorias para vedar especies o territorios, propugnan cambios radicales en órdenes de vedas y siempre, siempre, se justifican en la necesidad de nuevos estudios y proyectos para mejor conocimiento de una u otra especie, trabajos de poco o nulo valor práctico pero de magnífico rendimiento económico para sus intereses. Denuncian incumplimientos de normativas sobre el ruido, el agua, el aire, las especies… hoy, en un municipio; mañana, en una autonomía; pasado, ya se verá.

Necesitamos leyes e iniciativas útiles para un medio ambiente siempre en grave riesgo, pero basadas en un mejor y más útil uso de fondos y subvenciones públicas, no en pagar proyectos animalistas, con amplia dotación presupuestaria y con resultados siempre confusos. Para ciertos programas de desarrollo ambiental que vienen de Europa, estos ciudadanos se obstinan en darlos todas las vueltas posibles, siempre, eso sí, que el control de su desarrollo y su financiación no caiga en sus manos (Iberlince – Life Priorimancha, etcétera) y ayudados en las reclamaciones contra un estado miembro por representantes de grupos con objetivos políticos desmembradores del Estado y afines en sus objetivos, como Podemos, IU, EH-Bildu, UPyD, Compromis y Equo.

La nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana podría ser capaz de poner en valor de ley estos actos. Veremos en qué términos definitivos lo hace, ya que está siendo ampliamente contestada y denominada, despectivamente, Ley Mordaza.

 

Por Felipe Veque

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