La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España, en vigor desde el 29 de diciembre de 1978. En ella se propugnan como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismo político, y «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas», e igualmente recoge que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».