Un caso judicial presentado por un grupo sobre derechos animales puede provocar que tres especies en peligro de extinción desaparezcan de Texas. Las tres especies de antílopes africanos –el orix cimitarra, el adax y la gacela dama– están casi extintos en su nativa África. Sin embargo, estas tres especies prosperan en las llanuras de Texas, en su mayoría en ranchos donde los cazadores pagan miles de dólares por el privilegio de cazarlos.
Durante décadas, esta práctica ha supuesto que un diez por ciento de la cabaña animal de los ranchos se cace anualmente, con unos ingresos que permiten a los ganaderos seguir alimentando y criando estos animales.
Desde el año 2005, una excepción a la Ley de Especies en Peligro de Extinción ha permitido a los ganaderos aumentar las tres especies, y los cazadores rececharlos sin un permiso especial. En total, los rancheros de Texas tenían unos 1.800 animales en el año 2004. Con la exención en vigor, el número aumentó a más de 17.000 en 2011.
La cadena CBS transmitió un programa sobre la controversia. Priscilla Feral, presidenta del grupo Amigos de los Animales, dijo en éste que ha librado una batalla legal de siete años para revocar dicha exención. Feral ganó. El Servicio de Fauna Salvaje y Pesca anunció un nuevo reglamento, programado para entrar en vigor el 4 de abril. En esa fecha, dice la agencia, «las tres especies de antílopes se trataran igual que el resto de animales de especies amenazadas criados en cautividad en los Estados Unidos. Las personas que tengan estas tres especies de antílopes y deseen llevar a cabo actividades prohibidas, incluyendo el comercio interestatal o extranjero, importación, exportación, descaste u otras formas de captura, deben obtener un permiso u otra autorización del Servicio de Fauna Salvaje y Pesca».
El director ejecutivo de la Asociación de Fauna Salvaje Exótica, Charly Seale, propietario de un rancho de caza, dice que si bien el proceso de permisos no es especialmente caro –unos pocos cientos de dólares–, sí es largo y difícil. «No es caro. Es arduo», dijo. «Un permiso tiene siete páginas, el otro es de dos páginas. En condiciones perfectas se tardan seis meses en obtener los permisos. Estas son propiedades privadas. No deberíamos tener que llenar ni un permiso de media página para hacer lo que queramos con nuestras propiedades», insistió.
Además, en un momento en que los grupos de derechos animales son cada vez más litigantes y tienen más fuerza, la información personal de los solicitantes de permisos se hace pública. «Tenemos que poner nuestro nombre completo y dirección en los permisos, y estás en un registro donde todos los chiflados con los derechos de los animales saben quién eres», dijo Seale.
Darren La Sorte, que gestiona los temas gubernamentales para la Asociación Nacional del Rifle, coincidió en que la seguridad de los cazadores está en riesgo cuando el gobierno publica sus nombres y direcciones. El primer cazador que cobró un lobo cuando se reabrió la caza en Montana, dijo, sufrió un bombardeo de amenazas de locos por los derechos de los animales.
