Asociaciones y usuarios a lo largo de la Unión Europea están intentando frenar una propuesta de Bruselas que consideran “abusiva” para restringir la posesión y el acceso a armas de fuego, publica elespanol.com.
Andanadas de correos electrónicos junto con dosieres, reuniones con autoridades comunitarias o peticiones en internet forman parte del esfuerzo lobístico para contrarrestar los nuevos controles propuestos por el organismo presidido por Jean-Claude Juncker.
“Lo que propone la Comisión [Europea] es un atropello a las libertades y a la propiedad privada”, afirma Daniel Álvarez, representante de la Asociación Nacional del Arma de España (Anarma), que acoge a cazadores, tiradores deportivos y armeros. “[Se trata de] un golpe de efecto en la opinión pública para hacer como que hacen algo”.
Cinco días después de los atentados de París que dejaron 132 muertos, la Comisión presentó un texto para reformar la Directiva vigente de armas de fuego civiles. Y, en diciembre, adoptó un Reglamento para homogeneizar la manera en que se desactivan estos artefactos en los distintos Estados miembros.
Las medidas buscan cerrar lagunas en las legislaciones de la UE, mejorar la colaboración transfronteriza y reforzar la seguridad ciudadana, asegura el órgano. Aunque en su propuesta alude con frecuencia al terrorismo, la institución matiza que sus acciones van encaminadas a prevenir cualquier violencia con arma de fuego.
“La cuestión de las armas no se limita a los ataques terroristas”, afirma Lucía Caudet, portavoz de la Comisión. “No podemos ignorar que se han usado armas de fuego legales en otros eventos trágicos donde niños fueron asesinados en una escuela o jóvenes fueron masacrados en un campamento de verano”, dice en referencia a tiroteos ocurridos en Europa como el perpetrado en Noruega por Anders Breivik.
Fuentes de la UE reconocen, sin embargo, que aunque las medidas estaban en la agenda de la Comisión, “sin el atentado [del 13-N] tal vez no habría habido un voto positivo”.
El paquete legislativo ha sentado como un jarro de agua fría entre los grupos proarmas ya que, entienden, criminaliza a usuarios lícitos, perjudicaría a los pequeños vendedores, destruiría patrimonio preservado en colecciones privadas y conllevaría la confiscación de ciertas armas permitidas bajo la norma actual.
En concreto, Bruselas propone:
– Prohibir a los civiles tener armas automáticas desactivadas (las activas ya están prohibidas);
– Prohibir los fusiles semiautomáticos que “parezcan” militares (lo que se denomina ‘categoría B7’), incluso si están desactivados;
– Limitar la venta electrónica de armas y componentes a armeros e intermediarios;
– Someter a los coleccionistas de armas -que hoy gozan de un estatus especial- a las mismas reglas que los usuarios privados;
– Mantener registros de armas de fuego desactivadas;
– Mejorar el intercambio de información entre Estados miembros, por ejemplo, compartiendo datos sobre autorizaciones de compra denegadas;
– Unificar el marcado de armas y partes para poder “rastrearlas mejor”;
– Controlar las armas de fogueo y las réplicas.
El Reglamento sobre pautas comunes para desactivar armas de fuego ya entró en vigor en abril. Mientras, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE discuten por su cuenta la Directiva para definir sus posturas y luego negociar entre sí y la Comisión. Se estima que la Eurocámara votará la medida en pleno llegado el otoño.
El lobby de las armas está especialmente preocupado porque la Comisión quiere prohibir armamento de la categoría B7, esto es, “armas semiautomáticas para uso civil que parecen armas con mecanismos automáticos”. Los opositores aseguran que B7 no es una categoría técnica clara, sino que se basa en criterios subjetivos, por lo que numerosos rifles en la Unión serían prohibidos y confiscados a sus dueños. Anarma calcula que más de 100.000 rifles semiautomáticos en España se verían afectados.
“En Alemania prohibimos las armas B7”, dice Katja Triebel, activista de Firearms United, una confederación integrada por más de una docena de asociaciones en la UE como Anarma. “Y un estado federado preguntaba ‘¿parece militar este rifle?’ y el otro decía ‘no, le falta esto y esto está bien’ y era un desastre total. Y el Gobierno [de coalición] verdirrojo -que odiaba las armas de fuego- levantó la prohibición porque no era práctica en absoluto”.
Preguntadas sobre si al prohibir la categoría B7 las autoridades confiscarán rifles a los ciudadanos, las fuentes anónimas de la UE citadas anteriormente aseguran que este punto se discute ahora en el Europarlamento y el Consejo.
Para el eurodiputado socialista Sergio Gutiérrez, es preciso revisar la Directiva actual para cerrar lagunas legales y aumentar la seguridad pública, pero advierte que la redacción de la propuesta de la Comisión debe mejorar.
“Hay muchas zonas grises, no hay armonización en el control de armas en los 28 Estados miembros y no hay siquiera un registro de armas a escala de la Unión Europea; todas esas cosas las tenemos que armonizar, tenemos que actualizarlas”, afirma Gutiérrez, que integra la comisión de la Eurocámara encargada de evaluar la nueva Directiva. “[Pero] algunos artículos tal y como están redactados, sobre todo, en la prohibición de ciertas armas semiautomáticas, producen cierta inseguridad jurídica especialmente a cazadores y deportistas de tiro y yo creo que hay que modificar esos artículos y concretarlos aún más”.
Entre los legisladores del Europarlamento, la mayoría se inclina por que los actuales poseedores de rifles B7 puedan conservarlos y las restricciones se apliquen sólo a futuras transferencias, dice Gutiérrez. El socialista también se inclina por “europeizar” el modelo español de compra electrónica de armas. Así los particulares podrán utilizar la red para comprar pero luego deberán ir a recoger el equipo a una comisaría.
El eurodiputado dice haber recibido material informativo por parte de asociaciones de cazadores y tiradores y que ha mantenido vayas reuniones con ellos donde le expusieron sus preocupaciones y argumentos.
Si bien Firearms United no está inscrita en el registro de lobbies de la UE -sus activistas explican que carece de personalidad jurídica propia-, muchas asociaciones sí lo están. Es el caso de la española Anarma, que reporta un gasto de unos 13.000 euros anuales en actividades lobísticas. La Federación Europea de Asociaciones para la Caza y la Conservación, uno de los grupos más grandes, estima entre los 900.000 y los 999.999 euros sus gastos anuales en influir en el proceso legislativo comunitario.
La Comisión Europea sostiene que no quiere evitar que los usuarios de armas sigan utilizándolas con fines lícitos. “Millones de ciudadanos de la UE tienen y usan armas de fuego para cazar o por deporte sin crear ningún problema. No queremos impedirles que desarrollen sus actividades”, dice Caudet, vocera del organismo. “Pero encontrar el equilibro correcto entre los intereses legítimos de, por un lado, cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas y, por otro, la necesidad de preservar la seguridad de los ciudadanos va en el bien de todos”. La institución, con todo, está abierta a introducir “mejoras” a su propuesta original, afirma Caudet.
“La propuesta, tal y como está formulada actualmente, no será aceptada y va a haber que reconsiderarla”, afirma el experto Ian Anthony, director del programa de Seguridad Europea del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). “Esto es en parte porque los cazadores y tiradores deportivos tienen un poder de presión significativo, pero también porque tienen argumentos válidos contra la propuesta”.
Brechas de seguridad
Para Anthony, la queja de los usuarios de armas acerca de prohibir la categoría B7 es “razonable”. “Con lo que sabemos, no se ha demostrado que haya un problema de seguridad (o en qué consiste) suficiente para justificar una prohibición general usando un elemento subjetivo en la definición de un arma semiautomática”.
Aun así, Anthony cree que es preciso enmendar la Directiva actual y piensa que la propuesta de Bruselas contribuirá a resolver problemas de seguridad existentes. “Elementos de la Directiva, como que tenga en cuenta la posible conversión de armas de fogueo o réplicas en armas capaces de disparar, abordan cuestiones que preocupan mucho los cuerpos de policía de Europa”, afirma.
El experto también considera que la Directiva y el Reglamento de desactivación ayudarán a evitar que los terroristas se hagan con armas desactivadas y las conviertan en funcionales -algo que ya no debería ocurrir bajo las normas actuales. Sin embargo, también asegura que se requiere mayor cooperación policial para afrontar el terrorismo y la Directiva no es el principal instrumento en esa lucha.
Según informaciones de la prensa, el terrorista Amédy Coulibaly, que atacó un supermercado judío en París el año pasado, habría utilizado un arma de fuego mal desactivada procedente de Eslovaquia para llevar a cabo su ataque.
Los usuarios de armas critican, sin embargo, que las autoridades europeas son conscientes desde hace tiempo de esta vulnerabilidad y que han hecho caso omiso hasta ahora para reaccionar de manera excesiva.
Por su parte, Álvarez, de Anarma, asegura que apoya las ideas de cooperación y armonización de la propuesta de Bruselas, pero argumenta que se ha presentado de manera improcedente -la Directiva no va acompañada de un estudio de impacto, como es habitual- y se ha antepuesto la agenda política de “funcionarios no electos” a la de un colectivo de ciudadanos europeos.
“No te haces ni idea de la indignación que tenemos los usuarios de armas”, sentencia. “No podemos permitir que se nos cuelgue el muerto por algo con lo que no tenemos que ver”.
Publicado en elespanol.com.
