Para cumplir una promesa electoral, tras varios años de tiras y aflojas, el Gobierno regional, gracias a los votos de PSOE y Podemos, ha conseguido modificar el texto original de la Ley de Caza de 2015 de Castilla-La Mancha.
Quedó lejos y con un valor reducido en el último momento, frente al resultado final, la participación de los representantes de los cazadores unidos a través de la Mesa Regional de la Caza. Es cierto y debe considerarse como una actitud positiva respecto al sentir de muchos ciudadanos, entre los que me incluyo, que el titular de la Consejería permitiera participar a los cazadores, así como el estudio de sus demandas, que en parte incluyó en el texto, pero, finalmente, con un resultado de nadar y nadar para morir en la orilla.
Las enmiendas admitidas en el paso del Proyecto de Modificación por las Cortes echaron por tierra varios años de trabajo y de acuerdos en aras a conseguir un consenso. Si bien el texto, antes de verse sometido a las enmiendas, ya incluía cuestiones poco o nada convenientes, en especial para la supervivencia a cierto nivel de las especies de caza menor, el resultado final, afeado con los arreglos de Podemos, ha sido rechazado públicamente por los miembros de la Mesa de la Caza y especialmente aplaudido por las organizaciones ecoabandonistas. Minorías imponiéndose a mayorías. En definitiva, una nueva ley para nuestra región que hace las delicias de los colectivos obsesionados con dejar la actividad a mínimos, como paso previo a su desaparición.
Una nueva ley para nuestra región que hace las delicias de los colectivos obsesionados con dejar la actividad a mínimos, como paso previo a su desaparición
Han construido una ley a base de pegotes, sin un sentido claro de lo que se quiere y que deja un papelón para aquellos que pretendan desarrollar su reglamento. Originará agravios comparativos, por las distintas interpretaciones que, sin duda, ocasionará a los técnicos que deben resolver los planes de ordenación cinegética. Acompañan a lo anterior el aumento de carga de trabajo administrativo, totalmente innecesario, y los dolores de cabeza en los responsables de los ayuntamientos para solucionar los problemas que indirectamente le llegarán por la aplicación de la norma. Los cazadores, sin remedio, quedan en manos de personas que se empeñen en evitar el tranquilo desarrollo de su actividad, que además queda supeditada al entender del funcionario de turno y, asimismo, amenazados con fuertes sanciones. El texto, en distintos casos, no da certeza al aficionado de su derecho a cazar ni de que sea igual según la provincia de la región donde practique la actividad. Una ley que precisará de extensas instrucciones para las resoluciones administrativas y que cambiarán según las ideas del redactor. Por ello, traerá inseguridad a raudales y un mercado negro de época.
Desde mi punto de vista la consecuencia negativa más rechazable es el conflicto social permanente al que deja abierta las puertas. Lo decía en mi último artículo de opinión: cazadores perseguidos por ecoabandonistas, a menos de 50 metros. Está claro, la norma exige descargar el arma ante la presencia de cualquier persona ajena a la cacería. Asunto que, sumado a otros, también recogidos en la ley, harán que la actividad se vea sumida en un problema creciente.
Los actuales responsables administrativos están seguros de que ninguna de las modificaciones de última hora traerá problemas y lo creen así de tal grado que, en la última reunión con los componentes de la Mesa de la Caza, se comprometieron a modificar todos aquellos artículos que originen un conflicto. ¿Alguien que haya conocido todo el proceso de modificación puede imaginar al actual Gobierno cambiando su nueva norma dentro de unos meses? La actividad cinegética regional no se merece un ordenamiento sin una seguridad jurídica adecuada, por la importancia que tiene en el desarrollo rural y su necesidad en el equilibrio medioambiental. Con seguridad la gran mayoría de los cazadores esperamos nuevas promesas electorales.
Por Juan Caballero de la Calle, Dr. Ingeniero de Montes.
