El pasado mes de mayo el Gobierno del presidente Ollanta Humala publicó el DS 006-13-IN que modifica algunos artículos de la Ley de Armas de Fuego de Uso Civil (no. 29954) y que viola derechos constitucionales de todos los peruanos, independientemente de su posición personal sobre el uso de armas de fuego.
Entre otros, este DS viola el derecho a la propiedad, a la libre asosicación, a la libre contratación, a la igualdad ante la ley, a la de legítima defensa, al libre desarrollo y bienestar, a la estabilidad jurídica. El Gobierno pretende implementar con retroactividad que las licencias, que según la ley deberían tener una vigencia de cinco años, pasen a tener una validez de sólo un año. Adicionalmente, intenta obligar a los usuarios legales a vender exclusivamente sus armas de fuego a miembros de la Policía Nacional y FFAA en actividad, para su uso particular, ni siquiera para que sea usada como arma de dotación oficial.
Asimismo, el Congreso, de mayoría nacionalista, luego aprueba una ley que penaliza portar armas blancas. El texto aprobado indica que quien encontrándose en espectáculos públicos, establecimientos de enseñanza, medios de transporte, vías de comunicación o espacios públicos, tuviere en su poder armas blancas, será reprimido con pena privativa de libertad no menos de dos ni mayor de cuatro años. Es decir, un estudiante de gastronomía o un aficionado a las actividades al aire libre portando una herramienta multiuso estarían en delito flagrante. Adicionalmente, SUCAMEC (la agencia que regula el porte de armas y explosivos de uso civil) define que, de ahora en adelante, se prohíbe la importación de gas pimienta –muy utilizado especialmente por las damas para defenderse–, por considerarlo “que contiene un precursor de armas químicas”.
Estamos, pues, ante un claro propósito de desarmar a la población civil empleando propuestas implementadas en los países de la órbita chavista, de las que, incluso, ¡se han copiado propuestas con puntos y comas!
Como hemos venido repitiendo, los usuarios legales de armas de fuego no somos el problema; somos responsables y cumplimos la ley. Somos ciudadanos respetables, la mayoría profesionales. A diferencia de las armas ilegales, SUCAMEC cuenta con toda la información sobre nuestras armas de fuego para los diferentes usos permitidos por ley. No es, pues, proponiendo pomposas medidas legales en contra de un grupo respetuoso de la ley que vamos a combatir la inseguridad ciudadana; además, es ampliamente conocido que el mercado de armas de fuego ilegales se suple de armamento y munición proveniente de las fuerzas armadas y policiales.
Por ello, más de veinte organizaciones representativas de la industria, comercialización, usuarios y servicios afines al uso legal de armas de fuego, considerando que nuestros pedidos ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la propia SUCAMEC han caído en saco roto, nos hemos agrupado en la “Coalición por un Perú Libre de Armas Ilegales”, los que de forma colectiva defenderemos nuestros derechos y propondremos las medidas que resulten en un control efectivo de las armas de fuego que circulan ilegalmente.
A través de nuestras organizaciones habíamos impulsado a que nuestros representados tomaran las acciones legales correspondientes. Este viernes el Quinto Juzgado Constitucional ha tomado la valiente decisión de admitir el primero de los cientos de acciones de amparo presentadas, lo que abre una puerta a la defensa legal de nuestros derechos en los fueros propios de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos civiles de miles de usuarios.
Para ver el primer vídeo de la Coalición, por favor hacer click en el siguiente link: https://youtu.be/ct6tJ_oboQ8
Por J.Thomas Saldias, MSc.
Representante Regional del SCI para Latinoamerica
Coordinador Coalición por un Perú Libre de Armas Ilegales
