El Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal podría acabar con la actividad cinegética al extender la tipificación de maltrato animal a todos los animales vertebrados
Además de exigir la retirada, Manuel Gallardo ha solicitado a todos los grupos parlamentarios del Congreso su rechazo y oposición total al texto
La RFEC exige a Ione Belarra la retirada de la modificación del Código Penal que pretende acabar con la caza
La Real Federación Española de Caza (RFEC) exige al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 dirigido por Ione Belarra, la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que podría acabar con la actividad cinegética al extender la tipificación de maltrato animal a todos los animales vertebrados.
Además de exigir la retirada del anteproyecto, el presidente federativo, Manuel Gallardo, ha enviado una carta a los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para trasladarles su preocupación por la inseguridad jurídica que genera el texto para los cazadores y solicitando su rechazo y oposición total al texto.
Gallardo ha recordado a la ministra Ione Belarra que “no puede obviar a la masa social de 600.000 cazadores que se manifestaron el 20 de marzo en Madrid”, por lo que solicita al Gobierno “la retirada definitiva del documento o el cese inminente de la ministra “por continuar en su deriva animalista radical anti-caza para seguir sentenciando a todo el mundo rural”.
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Con la reforma se pretende que el maltrato sea castigado con un aumento de penas de 18 meses de prisión si las lesiones implican atención veterinaria y hasta 2 años si el resultado es la muerte.
En este sentido, de llevarse adelante la reforma impulsada por la Dirección General de los Derechos de los Animales, cualquier daño o lesión no imprudente y no justificada hacia los animales vertebrados sería considerada como delito, asimilándose el tratamiento legal de las lesiones al de los humanos, por lo que generaría tal inseguridad jurídica que podría suponer el fin de actividades esenciales como la caza, la ganadería y la pesca, sometidas al escrutinio y denuncias interesadas del lobby animalista.
