
TIEMPO DE CAMPO: CRÓNICAS DE CAZA Y VIDA RURAL
Un lobo, un cordero: diez objeciones al plan de extracción, diez respuestas con datos
Por Isidro Borrego Navalón / @isidro_borrego / @Isidro Borrego Navalon
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Diez objeciones contra el plan de extracción del lobo en Castilla y León y lo que el plan contesta: 440 lobos menos, 4.294 reses muertas menos al año y la misma comunidad con más lobos de España.
ACLARACIÓN. Este artículo se apoya en el «Resumen del Plan de extracción del lobo ibérico (Canis lupus signatus) en Castilla y León», emitido el 7 de noviembre de 2026, con información cerrada a 27 de octubre. El tono es socarrón; las cifras, no: proceden de la Junta y del MITECO o de cálculos propios reproducibles, y cuando una estimación es del autor, se dice.
En España hay dos maneras de opinar sobre un plan del lobo: leerlo o recurrirlo. La segunda es más rápida y, a juzgar por los juzgados, bastante más popular. El 6 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspendió, a instancias de SEO/BirdLife, la caza de cinco especies, entre ellas la becada. Si una becada da para una cautelar, cabe imaginar lo que dará un plan que propone retirar 578 lobos en 2027.
Así que, por cortesía procesal, este artículo ahorra trabajo a los futuros recurrentes: diez objeciones que ya se escuchan contra el plan y, al lado de cada una, lo que el plan responde. Podrán recurrirlo igual, pero al menos sabrán qué recurren.
Antes, el punto de partida, que es lo único de este debate que no admite recurso. En 2025 el lobo mató en Castilla y León 6.294 cabezas de ganado e hirió otras 585, en 4.474 ataques, un 66 % más que en 2021. Sin actuar, la comunidad rondará las 7.100 cabezas muertas en 2027 y las 8.500 en 2030. El plan quiere bajarlas a 2.000 en cuatro temporadas. Todo lo demás es discutir cómo.
1. «Es un exterminio»
Es la objeción favorita porque cabe en un titular y no necesita calculadora. Lástima que la calculadora la desmienta. El plan reduce la población de Castilla y León de unos 1.700 lobos a unos 1.260, un 26 %, y de 193 a 143 manadas. Al terminar, Castilla y León seguiría siendo, con diferencia, la comunidad con más lobos de España. Es un exterminio peculiar: el exterminado conserva el título de campeón nacional.
El plan tiene, además, un suelo que no se negocia: mientras no se publique el valor de referencia favorable, España debe conservar al menos 294 manadas, las de su primer censo nacional (1986-1988). Tras la primera fase quedarían unas 304, con un área de distribución de unos 130.000 km², frente a los 100.000 de aquel censo. Y la segunda fase solo se completa si el censo actualizado alcanza 344 manadas en el país.
Y queda el dato que más incomoda: dirigir la extracción a los territorios que más daño causan es justo lo que permite retirar menos lobos. Para bajar a 2.000 cabezas con una reducción indiscriminada harían falta 1.163 lobos de masa crítica; apuntando a donde está el daño, bastan 440. Lo que se denunciará como masacre es, de todas las opciones posibles, la que menos lobos retira.
2. «578 lobos en un año es una barbaridad»
La cifra impresiona a quien no pase de la primera línea. De esos 578, 425 son reposición: los lobos que la población genera cada año por sí sola, con la reproducción y la llegada de dispersantes. La literatura científica sitúa entre el 22 % y el 29 % anual la mortalidad de origen humano que una población de lobos absorbe sin disminuir (Adams et al., 2008; Creel y Rotella, 2010); el plan toma el 25 %. Lo que reduce el censo en 2027 son 153 lobos.

Es una bañera con el grifo abierto: quien solo mira el desagüe cree que se vacía, cuando lo que sale apenas supera lo que entra. Desde 2031 bastaría un cupo de mantenimiento de unos 315 lobos al año.
La prueba de que un cupo menor que la reposición no sirve está en casa. Entre 2019 y 2022 se cazaron al norte del Duero 339 lobos, unos 113 al año, muy por debajo de la reposición de esa zona y lejos de las comarcas con más daño, casi todas al sur del río. Resultado: las manadas pasaron de 179 a 193 y los ataques siguieron subiendo. El cupo simbólico es la homeopatía de la gestión: tranquiliza mucho y no cura nada.
3. «El lobo es una especie protegida»
Lo es, pero no en el sentido que se insinúa. Europa no mide la salud de una especie por provincias ni por comunidades, sino por regiones biogeográficas, y Castilla y León se reparte entre la Atlántica y la Mediterránea. El forestal corta el árbol que amenaza la casa y el monte sigue sano: la ley exige que la población de la región se mantenga a largo plazo, no que cada comarca conserve todas sus manadas.
Y el lobo aprueba los cuatro exámenes del estado favorable de la Directiva Hábitats: área en expansión, población, hábitat y perspectivas. El informe sexenal 2019-2024, aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 22 de junio de 2026 tras casi un año de bloqueo, lo declara en estado favorable en las regiones Atlántica y Mediterránea. Es la posición oficial de España. Hay quien, con el examen aprobado, pide revisión de nota.
El resto del marco va en la misma dirección. La Directiva (UE) 2025/1237 lo ha pasado al anexo V, el de las especies cazables, con transposición antes del 15 de enero de 2027, y la sentencia ASCEL, que exigía un estado favorable para declararlo cinegético, ya tiene su condición cumplida.
Al norte del Duero, la Ley 1/2025 sacó al lobo del LESPRE y, aunque recurrida, está en vigor. Al sur, en Ávila, Segovia y Salamanca, sigue en el LESPRE, y la extracción solo cabe con autorizaciones excepcionales por daños graves al ganado, como las que la Junta ya usó en Ávila en 2014 y 2017. Con 156 cabezas muertas por manada y año, la gravedad no necesita adornos. Y el plan documenta cada extracción, también al norte, como si fuera excepcional: si mañana cambian las reglas, el expediente ya cumple las más estrictas.
4. «Matar lobos aumenta los ataques»
La objeción tiene un mérito: se apoya en un estudio. Y un problema: el estudio no resistió la revisión. Wielgus y Peebles (2014) sostuvieron que matar lobos aumentaba la depredación; al repetir el análisis con un modelo corregido, el efecto no se confirmó (Poudyal et al., 2016).
El mayor estudio publicado analizó 156 manadas en Montana, Idaho y Wyoming (Bradley et al., 2015). Retirar la manada completa redujo un 79 % la repetición de los ataques en los cinco años siguientes. El siguiente ataque llegó a los 19 días cuando no se retiró ningún lobo, a los 64 cuando se retiró parte de la manada y a los 730, dos años, cuando se retiró entera.
Lo gracioso es que la parte razonable de la objeción, que quitar un ejemplar suelto desorganiza la manada y la empuja hacia el ganado, no es un argumento contra el plan, sino su primer principio: retirar manadas completas, no aclarar densidades. Llevado hasta el final, el argumento de la desorganización no conduce a dejar al lobo en paz; conduce a no dejar la manada a medias.
Con la misma franqueza: abatir a voleo tampoco sirve. Francia retiró en 2025 unos 190 lobos, cerca del 19 % de su población, y sus ataques crecieron un 10 %, según los datos oficiales franceses. Lo que funciona es apuntar a manadas concretas.
5. «Que pongan mastines»
Ya los ponen. El proyecto LIFE COEX (2004-2008) entregó 75 mastines y decenas de cercados a 42 explotaciones de Salamanca, Ávila y Segovia, con buenos resultados en cada explotación, y la Junta mantiene esas ayudas desde hace dos décadas. Nadie discute que la prevención funcione; lo que se discute es que llegue a todo.
No llega por escala: el ganado más castigado es el vacuno extensivo, en grandes fincas y pastos comunales, con partos en el campo, y cercar miles de hectáreas de monte no es una medida, es una ocurrencia. Ni en el resultado: con veinte años de prevención, los ataques han crecido un 66 % desde 2021. Y no es gratis: la paga el ganadero, con dinero y trabajo diario, por un daño que no ha causado. Quien recomienda el mastín desde la ciudad rara vez se ofrece a pagarle el pienso.
Por eso el plan no sustituye la prevención: la exige. Cada expediente de extracción debe documentar las medidas aplicadas, o por qué no son viables, y los daños sufridos pese a ellas, como pide la sentencia Tapiola del Tribunal de Justicia de la UE. Prevención y extracción no compiten: se suman.
6. «El lobo come sobre todo fauna salvaje: es un regulador natural»
Cierto, y esa es la otra factura, la que no paga nadie. En Guadarrama, el 82 % de sus presas son ungulados silvestres (Barja et al., 2023). Con supuestos prudentes, el plan calcula que los lobos de Castilla y León matan cada año entre 25.000 y 50.000 jabalíes, corzos, ciervos y cabras monteses, con un valor de mercado de 9 a 18 millones de euros. Para comparar, los cazadores abaten unos 30.000 corzos al año en la comunidad; el lobo, sin licencia, sin precinto y sin pagar tasa, mata entre un tercio y dos tercios de esa cifra.
Gredos lo resume. Su Reserva Regional de Caza, referencia mundial de la cabra montés, sostiene pueblos serranos: ingresó 1.756.927 euros la última temporada. Según el último dato publicado por la Reserva, el lobo mató 150 cabras entre enero de 2017 y mayo de 2019. La población ha bajado de 10.000-12.000 ejemplares a principios de siglo a unos 7.000. No todo el descenso es atribuible al lobo, y el plan lo dice, pero coincide con su llegada, y la Reserva ha suspendido la caza de hembras en 2025-2026. El regulador natural regula, sí: sobre todo los machos de más edad y tamaño, que son precisamente los de más valor.
Si un lobo vale lo mismo que un cordero, también vale lo mismo que un corzo o una cabra montés. Contar solo el ganado es hacer la cuenta con media factura.
7. «Los cazadores no son quién para gestionar el lobo»
El plan propone justo lo contrario: que el lobo vuelva a ser especie de caza mayor en la Ley 4/2021, de Caza de Castilla y León, y se gestione en los cotos como el zorro o el jabalí, con cupo, precinto y comunicación de capturas. Lo fue al norte del Duero durante décadas, hasta 2021. La propia Junta ha anunciado que desde el 1 de enero de 2027 el control se hará principalmente con cazadores.
¿Por qué los cotos? Porque están en el monte todos los días y conocen las manadas, los pasos y las querencias. Porque ya lo hicieron: los 339 lobos de 2019-2022 se cazaron a través de ellos, en 28 comarcas. Ya que no cuestan dinero público. Y porque la renta se queda en el pueblo, muchas veces en juntas vecinales y ayuntamientos. La alternativa es un operativo con coche oficial, dietas y horario de oficina persiguiendo a un animal que trabaja de noche.
Eso sí, el cupo tiene que poder cumplirse. La Rioja declaró el lobo cinegético con dos ejemplares por comarca y no se abatió ninguno. Por eso el plan reparte el cupo entre los cotos según los daños, con las modalidades del jabalí, y fija una regla sencilla: si en 30 días el coto no actúa tras un ataque, el cupo pasa a la guardería forestal.
A quien tema el ensañamiento, el plan le responde con reglas más estrictas que las de muchas monterías: arma de caza mayor, cazadores formados, nada de lazos, cepos ni venenos, perro de sangre para todo ejemplar herido y ninguna hembra lactante en época de cría salvo que se retire el grupo familiar completo. Si todos los animales son sintientes, también lo es el lobo que se retira.
8. «Ninguna comunidad ha hecho algo así»
Cierto. Tampoco nadie había hecho antes la cuenta. Y que no se haya hecho no es un argumento jurídico: la Directiva Hábitats no fija ningún porcentaje máximo de extracción. El 20 % de Cantabria responde a su propio objetivo, mantener la población; el de Castilla y León es reducir el daño, y por eso necesita retirar durante cuatro años algo más que la reposición.
Donde sí hay límite es en la arbitrariedad. Suecia fijó un valor de referencia con criterios políticos y los tribunales lo rechazaron. Por eso el plan no se apoya en una cifra política, sino en el informe sexenal aprobado, en el censo más reciente, en un suelo de seguridad y en un seguimiento anual.
Los tribunales, además, empiezan a distinguir entre quien llega con datos y quien llega con eslóganes. El 5 de octubre de 2026, la justicia cántabra denegó, con costas, la suspensión del cupo de extracción de ese año: es la cuarta vez que la Sala la rechaza. Ese mismo mes, el TSJ de Asturias denegó la cautelar contra el programa de control asturiano, con el informe pericial de este autor en defensa de los ganaderos. Los planes que sí cayeron, al norte del Duero, se apoyaban en el censo de 2012-2013. Lección aprendida.
Un último detalle, que el plan recoge con cuidado: varias organizaciones que recurren los planes del lobo reciben millones en subvenciones del mismo Ministerio desde 2022. No consta que paguen los pleitos, y el plan no lo afirma; solo pide transparencia. Los ganaderos, entretanto, pagan su defensa de su bolsillo.
9. «Las cuentas son de parte»
Lo son en el mismo sentido en que lo es una suma: cualquiera puede repetirla. El plan publica el método entero precisamente para que lo rehagan quienes vayan a recurrirlo, y lo acompaña de una hoja de cálculo editable. Se ordenan los territorios de mayor a menor daño, a 8,8 lobos por territorio, hasta retirar el daño que sobra; el primer año se extrae la reposición más el 60 % de esa masa crítica, y el segundo, la reposición de lo que queda más el 40 % restante. Fase 1: 425 + 153 = 578; luego, 387 + 102 = 489. Cuentas de bachillerato, la única parte de este debate que no necesita un experto en relato.
¿Y si el censo está mal o la reposición es otra? El plan también lo prueba. Con cualquier tasa del intervalo científico, la primera temporada exige entre 527 lobos (22 %) y 646 (29 %). En todos los casos la reducción neta es el 26 % de la población. El cupo, además, se recalcula cada año con el censo actualizado.
La pieza clave es el mapa del daño. Ávila y Segovia, con el 13 % de las manadas, causan el 49 % de las cabezas muertas; León y Valladolid, con el 43 %, causan el 11 %. Una manada abulense mata unas 156 cabezas al año; una leonesa, unas 8. Retirar un lobo en Ávila evita unas 18 cabezas muertas al año; en León, menos de una. Por eso la fase 1 actúa en los 12 territorios de Ávila, los 13 de Segovia y 4 de Burgos, y la fase 2, que no es automática, en otros 8 de Burgos, los 4 de Soria y 9 de Zamora. El núcleo del noroeste, Sierra de la Culebra incluida, queda intacto.
Y las cuentas no las vigilará el autor, sino una comisión con las universidades de León, Salamanca y Valladolid, organizaciones agrarias, cazadores y conservacionistas. Los recurrentes están invitados: podrán comprobar las sumas sin pagar procurador.
10. «Al ganadero ya se le indemniza»
Es la objeción más cómoda: convierte el problema en una partida presupuestaria. En 2025, la Junta pagó de media unos 636 euros por cabeza muerta. La misma vaca de carne vale 2.250 euros si la mata el lobo en Castilla y León y 995 si cae en La Rioja; el mismo ternero, 1.300 en Cantabria y 502 en Asturias. Cada ganadero cobra según su código postal, no según su animal.

La indemnización, además, es un suelo, no la medida del daño. No paga los animales desaparecidos sin cadáver, ni los abortos, ni la pérdida de peso y de producción; el lucro cesante, a medias; la gestión, 150 euros fijos por ataque. Y cada ataque cuesta unas dos jornadas de trabajo: unas 9.000 perdidas en 2025, según un cálculo orientativo del autor.
Y todo eso, cuando se paga. El 19 de octubre, el consejero de Agricultura reconoció que se deben cerca de 6 millones a los ganaderos por daños del lobo, en 1.180 expedientes paralizados desde mediados de 2025, y que los del oso acumulan más de dos años de retraso. El 24 de octubre, el presidente de la Junta reclamó por carta a la ministra las anualidades estatales de 2025 y 2026, todavía sin formalizar. En total, unos 7 millones de deuda que la Consejería tendrá que cubrir con un préstamo.
La cadena es de manual: el Estado decide la protección, la Comunidad se endeuda para pagarla y el ganadero la financia adelantando, sin intereses, el valor de sus animales muertos. El plan propone un baremo común para toda España, financiado por el Estado, armonizado al alza y pagado en 30 días con intereses de demora automáticos. Y hace una cuenta que debería interesar a Hacienda: frente a 2025, ahorra unos 8,6 millones en sus cuatro primeros años, más que toda la deuda acumulada. En Ávila, cada lobo retirado ahorra más de 11.000 euros al año en indemnizaciones.
Y el que no sale en la foto
Hay un undécimo argumento que nadie plantea porque nadie lo ve: el sistema solo mira al lobo. El meloncillo ataca a becerros recién nacidos en Salamanca y el suroeste de Ávila, y el buitre leonado, a vacas y crías durante el parto, sin línea de indemnización. Y hay muertes archivadas como «causa indeterminada» pese a mostrar daños de cánido.
El plan propone una hoja única de datos para todas las especies, con la guía de campo de este autor para distinguir el ataque del lobo del meloncillo, y una regla: si hay depredación y no se sabe la especie, el animal se paga. La duda, a favor del ganadero. Si el ataque de un meloncillo se carga al lobo, se señala la manada equivocada; si el de un lobo se archiva como indeterminado, el ganadero no cobra y el daño desaparece de la estadística que justifica el cupo.
Lo que no se puede recurrir
El plan será recurrido, y está preparado para ello. Pero hay cosas que no caben en un escrito de interposición. No se puede recurrir que las 6.294 cabezas muertas y las 585 heridas de 2025 sean 6.879 animales sintientes, tan sintientes como el lobo que las atacó, por mucho que los recursos solo invoquen esa condición para uno de los dos. No se puede recurrir que una explotación que cierra no vuelve, mientras que una población de lobos en estado favorable repone cada año entre el 22 % y el 29 % de sus efectivos y recoloniza un territorio vacío en una o dos temporadas. Ni que cada año de espera añade más de un 6 % de daño.
La premisa del plan es sencilla: un lobo vale lo mismo que una vaca, una oveja o un cordero. Ni más ni menos. Quien la discuta tendrá que explicar por qué el sufrimiento de un ternero cuenta menos que el de quien se lo come. Mientras no lo explique, seguirá habiendo en España animales de primera, cuya vida se protege, y animales de segunda, cuya vida se tasa, se paga tarde y, a veces, ni se paga.
Recúrrase, pues. Pero léase antes. El resumen tiene veintiocho páginas, y ninguna muerde.
«La premisa del plan es sencilla: un lobo vale lo mismo que una vaca, una oveja o un cordero. Ni más ni menos. Quien la discuta tendrá que explicar por qué el sufrimiento de un ternero cuenta menos que el de quien se lo come»
Pinchando aquí puede consultar o descargarse el «Resumen del Plan de extracción del lobo ibérico (Canis lupus signatus) en Castilla y León»
Isidro Borrego Navalón es escritor y divulgador medioambiental. Ha dedicado diez años al seguimiento de la hibridación entre lobo y perro en Castilla y León y es el perito firmante del informe citado.
Fuentes principales: Resumen del Plan de extracción del lobo ibérico en Castilla y León (7/11/2026); Junta de Castilla y León, daños 2021-2025 y censo 2022-2023; informe sexenal 2019-2024; Directiva (UE) 2025/1237; Ley 1/2025; Adams et al. (2008); Creel y Rotella (2010); Bradley et al. (2015); Wielgus y Peebles (2014); Poudyal et al. (2016); Barja et al. (2023); baremos autonómicos; informe pericial «La ganadería extensiva del Principado de Asturias ante la depredación del lobo ibérico» (2026).

Isidro Borrego Navalón ha publicado los títulos: Rebecos, cantiles y recuerdos (2013), A solas con el lobo. Cuarenta años de historias loberas (2021), A vueltas con los lobos. Continuación de cuarenta años de historias loberas (2022) y Prisioneros del vértigo. Rupicapra pyrenaica parva (2023).
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