¿Y si mañana se prohibiera la caza en España? El campo no sobreviviría a otro abandono
Por Víctor Villalobos
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Hay quienes hablan de prohibir la caza en España como si se tratara simplemente de cerrar los cotos, guardar las escopetas y dejar que la naturaleza siga su curso. Lo dicen desde las ciudades, desde los despachos y, en ocasiones, desde un profundo desconocimiento de lo que ocurre realmente en nuestros pueblos y montes.
Pero yo me hago una pregunta: ¿alguien ha pensado seriamente en las consecuencias?
Porque la caza no es solamente salir al campo un fin de semana. Detrás de ella hay una actividad económica, social y medioambiental que lleva décadas formando parte de la vida de nuestros pueblos. Y eliminarla de un día para otro, sin una alternativa real, podría provocar un problema de enormes dimensiones.
La España rural se está quedando vacía
Empecemos por algo que parece que muchos han olvidado: la España rural se está quedando vacía. Cada año hay pueblos que pierden habitantes, negocios que cierran y jóvenes que se marchan porque no encuentran oportunidades para quedarse. El éxodo rural no es una teoría, es una realidad que sufren miles de municipios.
En muchos de esos pueblos, la actividad cinegética mantiene viva parte de la economía. Los cazadores llegan, consumen en bares y restaurantes, utilizan alojamientos, contratan servicios y generan movimiento durante temporadas en las que, de otro modo, muchos establecimientos apenas tendrían actividad.
¿Qué ocurriría si desapareciera todo eso? ¿Cuántos negocios perderían ingresos? ¿Cuántos puestos de trabajo estarían en peligro? ¿Cuántas familias tendrían todavía menos motivos para quedarse en sus pueblos?
Hablamos de miles de empleos directos e indirectos vinculados a la actividad cinegética: guardas rurales, gestores de cotos, rehaleros, veterinarios, agricultores, hosteleros, armerías, taxidermistas, organizadores de monterías, empresas de alimentación, transporte y servicios auxiliares. Detrás de cada puesto de trabajo hay una familia.
Un monte abandonado no es un monte protegido
Y después están nuestros montes. España
Un monte abandonado no es un monte protegido. Quienes conocen el terreno saben que mantener el medio natural exige vigilancia, trabajos forestales, limpieza de vegetación, mantenimiento de caminos, cortafuegos y prevención durante todo el año.
La desaparición de la caza no provocaría automáticamente más incendios, pero si además supone perder actividad económica, presencia humana y recursos que contribuyen a mantener el territorio, el problema del abandono rural podría agravarse. Y un monte sin gestión preventiva puede convertirse en un auténtico polvorín cuando llegan los meses de calor.
Los incendios forestales no se combaten solamente cuando aparecen las llamas. Se previenen durante los meses anteriores. Se necesitan caminos transitables, discontinuidades de vegetación, vigilancia y personas que conozcan cada rincón del territorio.
Daños agrícolas y accidentes de tráfico
También hay que hablar de los daños agrícolas. ¿Qué le decimos al agricultor que ve cómo los jabalíes destrozan sus sembrados? ¿Quién responde por los daños en los olivares, viñedos, huertas y explotaciones agrícolas? ¿Quién protege las cosechas cuando determinadas poblaciones de fauna superan la capacidad del terreno?
Y no olvidemos los accidentes de tráfico. Los jabalíes y otros animales silvestres ya provocan situaciones peligrosas en nuestras carreteras. Si en determinadas zonas aumentaran sus poblaciones y no existieran mecanismos eficaces de control, los riesgos podrían crecer considerablemente.
Ciervos, corzos, muflones y jabalíes necesitan una gestión adecuada. Cuando se rompe el equilibrio entre las poblaciones animales y los recursos disponibles, aparecen problemas de alimentación, competencia, enfermedades y deterioro de los hábitats. La naturaleza no funciona mejor simplemente porque haya más animales.
¿Quién se encargaría de todo esto?
Los guardas rurales, los gestores cinegéticos y otros profesionales del medio natural realizan una labor que muchas veces pasa desapercibida. Vigilan terrenos, detectan infracciones, colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y trabajan para proteger la fauna y el patrimonio natural.
No se puede defender el medioambiente olvidándose de quienes trabajan diariamente sobre el terreno.
Tampoco podemos ignorar el aprovechamiento de la carne de caza, que, sometida a los controles sanitarios correspondientes, forma parte de una actividad alimentaria y económica vinculada al mundo rural.
Una cosa es mejorar la gestión cinegética y otra muy distinta pretender eliminar la caza
Por supuesto, la caza debe ser responsable, estar regulada y respetar los criterios técnicos y de conservación. Hay que perseguir el furtivismo, proteger las especies amenazadas y sancionar cualquier práctica ilegal. Nadie está defendiendo lo contrario.
Pero una cosa es mejorar la gestión cinegética y otra muy distinta pretender eliminarla sin explicar qué vendría después.
A quienes piden prohibir la caza les preguntaría algo muy sencillo: ¿están dispuestos a asumir el coste de las alternativas? ¿Van a contratar a los profesionales necesarios para controlar las poblaciones? ¿Van a indemnizar a los agricultores? ¿Cómo van a mantener la actividad económica de los pueblos? ¿Van a garantizar la prevención de incendios y la vigilancia de nuestros montes? ¿Van a ofrecer trabajo a las familias que dependen de este sector?
Porque resulta muy fácil pedir prohibiciones desde una ciudad, pero las consecuencias las sufrirán quienes viven en el campo.
Porque prohibir es muy sencillo. Lo difícil es asumir las consecuencias
España no necesita más abandono rural, necesita pueblos vivos, oportunidades para los jóvenes, agricultores que puedan trabajar, ganaderos que puedan mantener sus explotaciones y profesionales que cuiden nuestros espacios naturales.
No podemos permitir que, en nombre de una supuesta protección de la naturaleza, se termine debilitando precisamente a quienes contribuyen a mantener vivo el territorio.
La naturaleza necesita equilibrio, pero nuestros pueblos también necesitan vida.
Y quiero terminar con una reflexión: antes de pedir que se prohíba la caza, que alguien explique quién va a gestionar nuestros montes, quién va a controlar las poblaciones de fauna, quién va a proteger los cultivos y quién va a mantener los miles de puestos de trabajo que dependen de esta actividad.
Porque prohibir es muy sencillo. Lo difícil es asumir las consecuencias.
Defender la caza responsable también es defender el mundo rural, sus gentes, sus tradiciones, su economía y el futuro de nuestros pueblos.
«A quienes piden prohibir la caza les preguntaría algo muy sencillo: ¿están dispuestos a asumir el coste de las alternativas? ¿Van a contratar a los profesionales necesarios para controlar las poblaciones? ¿Van a indemnizar a los agricultores? ¿Cómo van a mantener la actividad económica de los pueblos? ¿Van a garantizar la prevención de incendios y la vigilancia de nuestros montes? ¿Van a ofrecer trabajo a las familias que dependen de este sector?»
Víctor Villalobos es presidente de la Asociación Hermandad de Guardas Rurales, guarda rural de caza, director de seguridad y técnico de seguridad y medio ambiente
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