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ARRECAL acusa al Gobierno de utilizar el nuevo real decreto de identificación de mascotas para imponer obligaciones a los perros de caza

decreto de ARRECAL
ARRECAL acusa al Gobierno de utilizar el nuevo real decreto de identificación de mascotas para imponer obligaciones a los perros de caza.

La asociación denuncia que el Ejecutivo recurre a criterios de sanidad animal para introducir nuevas cargas y sanciones a los cazadores, y estudia impugnar el real decreto ante el Tribunal Supremo

La Asociación de Rehalas Regionales Españolas ‘Caza y Libertad’ (ARRECAL) ha denunciado que el Gobierno ha utilizado el nuevo Real Decreto 986/2026, sobre identificación de animales de compañía, para imponer nuevas obligaciones a los propietarios de perros de caza y de rehala, pese a que las Cortes Generales excluyeron expresamente a estos animales de la Ley de Bienestar Animal.

Esta decisión supone un nuevo ataque al sector cinegético

La entidad considera que esta decisión supone un nuevo ataque al sector cinegético y anuncia que estudia recurrir la norma ante el Tribunal Supremo.

Aunque el real decreto reconoce la exclusión de los perros de caza y de rehala de la Ley de Bienestar Animal, se ampara en la Ley de Sanidad Animal para incluirlos en su ámbito de aplicación «por motivos de sanidad animal».

De esta forma, les aplica nuevas exigencias y un régimen sancionador con multas que, en el caso de las infracciones graves, pueden alcanzar los 60.000 euros.

Felipe Vegue: «el Gobierno utiliza un real decreto para imponernos nuevas obligaciones, es inaceptable»

«El Parlamento excluyó a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal. Ahora el Gobierno utiliza un real decreto para imponernos nuevas obligaciones, pese a esa exclusión. Lo que no consiguió en las Cortes Generales pretende conseguirlo por la puerta de atrás. Es inaceptable y vamos a combatirlo», afirma Felipe Vegue, presidente de ARRECAL.

La asociación también cuestiona que se invoquen motivos de sanidad animal en una norma tramitada a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 –el mismo departamento que impulsó la Ley de Bienestar Animal– y no del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que corresponde esta materia.

Consecuencias peligrosas

El departamento jurídico de ARRECAL advierte de que el problema no está en el microchip, con el que los rehaleros ya identifican a sus perros, sino en las tres puertas peligrosas que abre el nuevo real decreto:

La primera es la aplicación a las rehalas de un régimen sancionador pensado para explotaciones ganaderas.

La segunda es que un error en el registro puede hacer que un perro de caza figure como una mascota y se le exijan obligaciones de la Ley de Bienestar Animal, pese a estar excluido de ella.

Y la tercera es que los formularios solicitan datos sobre el curso de tenencia responsable o la revisión veterinaria anual, lo que genera confusión sobre si los rehaleros deben cumplir unos requisitos que no les corresponden legalmente.

La asociación señala que esta incertidumbre afecta tanto a los propietarios como a los veterinarios encargados de la identificación, que deben determinar qué información registrar sobre los animales de caza.

ARRECAL reprocha al Gobierno que no haya evaluado las consecuencias de estas nuevas cargas

Además, ARRECAL reprocha al Gobierno que no haya evaluado las consecuencias de estas nuevas cargas burocráticas y económicas: si mantener perros de caza resulta cada vez más difícil, se compromete el control de especies sobreabundantes y, con ello, la prevención de daños agrícolas, accidentes de tráfico y riesgos sanitarios.

«El Gobierno sigue poniendo trabas a quienes ayudamos a controlar estas poblaciones sin valorar lo que ocurrirá cuando cada vez menos personas puedan mantener esta actividad. Después, los problemas los pagará todo el mundo», advierte Vegue.

Tranquilidad y rigor

La asociación rehalera ha encargado a sus servicios jurídicos un análisis completo del real decreto y estudia su impugnación ante el Tribunal Supremo.

Asimismo, se dirigirá al ministerio competente y a las administraciones autonómicas para exigir que confirmen por escrito que a los perros de caza y de rehala no se les exigirán obligaciones propias de la Ley de Bienestar Animal de las que están excluidos.

«Mientras tanto, pedimos a los cazadores y rehaleros tranquilidad y rigor», manifiesta Vegue.

La asociación explica que el real decreto no entra en vigor hasta el 2 de enero de 2027 y que los perros ya identificados conservan su microchip.

Asimismo, las comunidades autónomas disponen de doce meses para adaptar sus registros, tras los cuales los titulares tendrán otros doce para actualizar los datos.

«Mantendremos informados a nuestros socios sobre los pasos que deben seguir», concluye el presidente de ARRECAL.

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