Sergio García Torres había sido citado a un acto de conciliación por la demanda presentada por Fundación Artemisan
El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, ha optado este viernes por ignorar a la justicia y no asistir a la citación en la demanda de conciliación presentada por Fundación Artemisan por la presunta comisión de delitos contra el honor de los cazadores.
El juzgado número 77 de Madrid había citado a García Torres esta mañana a las 10:00 horas, en un acto en el que el demandado podía optar por rectificar públicamente sus manifestaciones en las que acusaba al colectivo de cazadores de abandonar sistemáticamente a sus perros de caza a lo largo del mes de febrero, a sabiendas de que esas afirmaciones no son ciertas y no existe dato alguno que las avale.
Fundación Artemisan procederá a la interposición de una querella
Una vez confirmada su falta de respeto al sector cinegético y a la justicia en general, Fundación Artemisan procederá a la interposición de una querella por estos hechos que suponen, por parte de un director general, la imputación pública de un delito de maltrato animal a los cazadores sin prueba alguna.
La Fundación considera que las palabras del director general podrían considerarse un delito de calumnia y otro de injurias
En este sentido, la Fundación considera que las palabras del director general podrían considerarse un delito de calumnia, por la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad.
Las calumnias están castigadas con penas de prisión de 6 meses a 2 años y, además, se contemplan multas de entre 12 a 24 meses si se propagaran con publicidad, 0 de 6 a 12 meses en caso contrario.
Igualmente, podría considerarse un delito de injurias, consistente en aquella acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
Cabe destacar que el acto de conciliación al que había sido citado este viernes era un acto previo y necesario a la presentación de la querella que va a interponer la Fundación Artemisan, con la que espera se restituya el honor del colectivo de cazadores y cesen los ataques por parte de una minoría radical que, en este caso, llegan desde el propio Gobierno.
