La Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Real Sociedad Canina de España (RSCE) se han reunido para abordar las leyes de bienestar animal que se quieren imponer en las distintas comunidades autónomas que, además de afectar negativamente a los perros de caza, al tiempo suponen una situación de inseguridad jurídica para los cazadores y el normal desarrollo de la actividad.
En el encuentro estuvieron presentes, por parte de la RFEC, su presidente, Ángel López Maraver, el director de la Escuela Española de Caza, Juan Herrera, y el asesor técnico veterinario, Nicolás Urbani, y como representantes de la RSEC, su presidente, Julián Hernández Luis, su vicepresidente, Felipe Calvo, y su secretario general, Benjamín Merino, asistiendo también el diputado por Madrid del Partido Popular, Teófilo de Luis.
Ambas entidades abordaron el análisis técnico veterinario sobre la Ley de Protección Animal de La Rioja, norma que calificaron de “verdadero disparate” al constituir algunos puntos de su articulado una amenaza real tanto para la utilización de perros en la caza, como para los cazadores como propietarios de los mismos, al no dejar claros conceptos como si la aplicación de esta norma excluye a los animales empleados en el desarrollo de la actividad cinegética; si la definición de “animal abandonado” puede aplicarse a perros alejados de su propietario en acciones de caza; o la eliminación en la definición de maltrato de la “intencionalidad”, pudiendo resultar así un caso puntual de siniestralidad sobre un perro en una acción de caza un caso de maltrato, con la consiguiente inseguridad jurídica de su propietario.
Otros aspectos negativos para la actividad cinegética en esta ley son la obligatoriedad de esterilización de los perros que sean objeto de comercialización o cesión, que afectaría muy negativamente a la selección de las líneas de perros de caza; la inconstitucionalidad de las actuaciones inspectoras, al facilitar el libre acceso a cualquier espacio público o privado sin una orden judicial previa; o la compleja aplicación real, tanto de cumplimiento como de inspección, de obligaciones como dar dos paseos diarios o la necesidad de un certificado veterinario en todos los casos de defunción.
Además, hay prohibiciones que afectan directamente a la actividad cinegética, como “someterlos a cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos o daños físicos” donde la caza podría ser una de esas prácticas, ya que se ha eliminado el concepto de “intencionalidad”; la prohibición de corte de rabos y orejas en perros de caza con fines preventivos; la prohibición de utilizar animales en filmaciones que conlleven “muerte, maltrato, crueldad o sufrimiento”, lo que impediría los reportajes televisivos de caza y pesca, por ejemplo; prohibir la exhibición pública de animales muertos en actividades cinegéticas de caza mayor fuera de los terrenos aptos para la práctica de dicha actividad; o la prohibición de acciones preventivas de control de daños originados por fauna cinegética.
Tanto la RFEC como la RSCE han mostrado su acuerdo en la necesidad urgente de cambiar los aspectos más controvertidos de esta Ley de Bienestar Animal, como su ámbito de aplicación, en interés de los propietarios de todo tipo de perros, no sólo de caza; concretar la definición de maltrato animal, incluyendo el concepto de “intencionalidad”; y en modificar la obligatoriedad de la esterilización de perros en caso de comercialización o cesión, al suponer una restricción de los derechos y libertades de un individuo a elegir cómo desea mantener a su mascota.
“La Ley de Bienestar Animal de La Rioja es un sinsentido –ha señalado el presidente de la RFEC, Ángel López Maraver–, al no haber sido redactada por expertos en la materia, sino por una iniciativa popular de corte animalista radical que desconoce la realidad rural y que no ha querido contar con los sectores afectados”.
