ARRECAL sigue trabajando a favor del reconocimiento de la labor y la importancia de la rehala y ha presentado alegaciones a la Ley de aprovechamientos cinegéticos de Castilla y León.
La Asociación de Rehalas Regionales Caza y Libertad (ARRECAL), que representa a más de un millar de rehalas de toda España, ha presentado alegaciones al Anteproyecto de la Ley de aprovechamientos cinegéticos de Castilla y León con el objetivo de defender la actividad cinegética en general y a los propietarios de rehalas y perros de caza en particular.
De esta manera, ARRECAL sigue trabajando a favor del reconocimiento de la labor y la importancia de la rehala.
En sus alegaciones, ARRECAL reclama que esta norma recoja una definición de rehala que responda al principio de armonización legislativa que debe mantenerse en todo el territorio español.
Así, atendiendo decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970, se detalla que «una rehala estará constituida por un máximo de cuarenta perros y un mínimo de dieciséis.
El presidente de ARRECAL, Felipe Vegue, explica que esta cuestión «no es baladí, puesto que afecta la aplicación integral a múltiples normas no sólo cinegéticas sino vinculadas a la sanidad y el bienestar animal, el transporte y la limpieza y desinfección de vehículos, etcétera».
Además, ARRECAL pide que la nueva norma debe dar «libertad al cazador, para elegir qué tipo de perro de caza elige para pistear y rastrear los animales». Así, para esta asociación no se debe limitar el rastreo a la elección de las razas de sangre eliminando por tanto la posibilidad de utilizar otras razas también adecuadas en el rastreo de reses heridas.
Animal abandonado vs. controlado
Otro aspecto importante a mejorar es la necesidad de matizar los conceptos de «animal abandonado y controlado», ya que, en muchas de las acciones venatorias los canes tienen la necesidad de separarse cientos de metros de su propietario, e incluso en ocasiones extremas llegan a alcanzar vía públicas como las carreteras que atraviesan la mancha a batir.
Por tanto, al hablar de que el animal esté controlado por su cuidador en estas situaciones habituales de la actividad cinegética se genera una inseguridad jurídica manifiesta para el propietario del animal.
