La Federación Española de Caza moviliza a todos los cazadores y pescadores españoles en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la caza y la pesca deportiva de numerosas especies, y exige su erradicación. Esta sentencia prácticamente prohíbe la caza mayor en el archipiélago Canario y afecta, en gran medida, a la Región de Murcia.
La Real Federación Española de Caza (RFEC) se ha mostrado absolutamente indignada y radicalmente en contra de la sentencia del Tribunal Supremo 637/2016, de 17 de marzo de 2016, en la que se aprueba la inclusión en el Catálogo de Especies Invasoras del arruí en toda España y del muflón en el archipiélago Canario, así como otras muchas especies de peces en todo el territorio nacional, suponiendo esto la prohibición absoluta de su caza y pesca deportiva, exigiendo, además, la erradicación de estas especies.
Así mismo, dicha sentencia concluye, finalmente, sin prueba ni base alguna: «Está en la naturaleza de las cosas que la caza y la pesca, lejos de servir a los fines de erradicación de las especies catalogadas, más bien determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la agravación, del status quo actual, dificultando, si no haciendo imposible, su erradicación, que es un objetivo inequívoco de la LPNB». Afirmación que, según la RFEC, es un verdadero «sinsentido» y que lo único que persigue «es el apoyo a un colectivo, mal llamado ecologista, que defiende unos intereses sin ninguna base científica sólida el cual, pretende acabar con un sector con un coeficiente porcentual verdaderamente importante en el PIB español».
La Real Federación Española de Caza, ante semejante disparate, se ha unido a la Federación Española de Pesca y ha puesto en marcha, mediante su departamento jurídico, el proceso judicial para que se declare la nulidad de las actuaciones y se suspenda, antes de su publicación en el BOE, dicha sentencia.
Por otro lado, la RFEC, junto a las federaciones autonómicas de caza afectadas, se ha puesto en contacto con las diferentes formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados para que promuevan una ley que derogue ipso facto semejante sinrazón como la aprobada por el Tribunal Supremo.
«La prohibición de la caza deportiva del arruí y la exigencia de su erradicación en toda la Península supone el acabar con una economía de la que viven miles de cientos de personas, promoviendo la ruina absoluta de un sector que generaba miles de millones de euros», sostiene la RFEC.
Por su parte, la prohibición de la caza deportiva y la exigencia de la erradicación del arruí y el muflón en el archipiélago Canario, junto al posible intento de introducción del conejo de monte en dicho Catálogo de Especies Invasoras, y que ahora se encuentra en el Catálogo de Especies Exóticas, «supone, prácticamente, la prohibición de la caza en el archipiélago, por ser estas especies –que llevan en Canarias casi cincuenta años, en el caso del arruí y el muflón, y miles de años el conejo– las que mayor interés cinegético suscitan».
«Una vez más –sostiene la RFEC– vemos como los órganos judiciales de este país dan la razón a un sinsentido, que lo único que produce es un empobrecimiento aún mayor de la economía de la nación».
La Real Federación Española de Caza ha pedido la unión de todas las asociaciones del colectivo de cazadores y pescadores para luchar contra «esta lacra que pretende acabar con uno de los sectores más importantes de nuestro país y vivir del cuento y de las subvenciones».
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