Arrecal pide al Defensor del Pueblo y a los grupos políticos que frenen cualquier deriva animalista en el ordenamiento jurídico

La Asociación de Rehalas Regionales Españolas Caza y Libertad (ARRECAL) ha remitido un escrito a los principales grupos con representación parlamentaria en el que les traslada su «preocupación» por las declaraciones realizadas por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en las que se mostraba a favor de modificar los delitos de maltrato animal para incluir en los mismos a los animales salvajes.

Y es que apenas unos días después de estas palabras, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, anunciaba su intención de impulsar una nueva ley de Bienestar Animal.

Para Felipe Vegue, presidente de ARRECAL, resulta mucha coincidencia que las declaraciones de Marugán coincidan prácticamente en el tiempo con las de Pablo Iglesias.

Sobre todo cuando el partido del vicepresidente, Unidas Podemos, ha manifestado en no pocas ocasiones su oposición a la caza e incluso algunos de sus miembros han llegado a plantear la necesidad de prohibirla.

ARRECAL avisa de que existe un peligro cierto y nada desdeñable de que la futura Ley sea un mazazo para el ejercicio de la caza y defiende la necesidad de que se frene cualquier deriva animalista en el ordenamiento jurídico.

Aunque de momento es una incógnita el contenido de esa norma, es muy probable que contenga prohibiciones y restricciones relacionadas con los animales salvajes y con los animales auxiliares utilizados en el ejercicio de la caza.

Vegue ha recordado la importancia del perro de caza y de la rehala para una imprescindible gestión, para el control de poblaciones, de daños a la agricultura, accidentes en carretera, y ha anunciado que ARRECAL estará muy atenta a estos movimientos y a las posibles modificaciones legales que se puedan proponer en los próximos meses y que tengan que ver con la venatoria en general y con los perros de caza en particular, pieza esencial de la actividad cinegética en España.

El presidente de ARRECAL ha enviado también tanto a los grupos parlamentarios como al propio Defensor del Pueblo el Memorando técnico jurídico elaborado en su momento sobre este asunto por la Oficina Nacional de la Caza.

Este informe explica que en términos generales «los animales salvajes ya están tutelados por leyes especiales», mientras que las conductas más graves relacionadas con ellos «ya están recogidas en el Código Penal».

Asimismo, recuerda que el Derecho Penal «está presidido por el principio de intervención mínima», lo que supone que «no se puede pretender que todas las conductas estén sancionadas con penas», ya que esto «vaciaría de contenido el derecho administrativo y toda conducta se convertiría en delito».

Por último, este memorando ponía el foco en la «paradójica sensibilidad animalista», que apuesta por regular los derechos de los animales por encima de los de las personas y, por ejemplo, no actúa ante los delitos de odio que sufren numerosos colectivos en las redes sociales, como es el caso, por ejemplo, de los cazadores.