ARRECAL entiende que la norma supone una amenaza a medio plazo para el sector cinegético
La Asociación de Rehalas Regionales ARRECAL considera que el proyecto de la Ley de Bienestar Animal supone una amenaza a medio plazo para el mundo rural y el sector cinegético a pesar de las modificaciones introducidas durante su tramitación.
Y es que, apunta la entidad, el texto que se está tramitando sigue planteando severos problemas para el futuro de la caza y el mundo rural por incluir doctrinas animalistas sesgadas y carentes de rigor científico-técnico en la legislación nacional vigente.
La norma deja un exceso de poder en manos de las denominada entidades de protección animal
Uno de los aspectos más preocupantes de la norma es el exceso de poder que deja en manos de las denominada entidades de protección animal, término con el que se refieren a protectoras claramente contrarias a todo lo relacionado con la caza, la ganadería o la biodiversidad y excluiría de esa calificación de entidades de protección animal a los colegios de veterinarios o las propias federaciones de caza, por ejemplo.
Así, si la ley sale adelante en sus actuales términos estas protectoras serán competentes en las actuaciones sobre protección animal y especialmente en la formación en valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales.
Todo ello sin base científica o técnica, y vista su trayectoria todo indica que aprovecharán para adoctrinar desde el animalismo radical.
También serán los agentes transmisores de información oficial en instrumentos para el control y seguimiento de la protección y bienestar animal, lo que les da vía libre para hacer oficial información falsa, sesgada o interesada, como puede ser la difusión del bulo de los 50.000 galgos abandonados.
Felipe Vegue: «se estructura legal y económicamente la nueva Gestapo animalista contra el mundo rural»
A esto se suma que se integrarán como colaboradoras en las unidades de inspección (artículo 74) e interesados en el procedimiento (artículo 89), pese a su incompetencia técnica y parcialidad; y que se financiarán a través de las sanciones generadas por sus propias denuncias contra colectivos como los ganaderos o los cazadores.
El presidente de ARRECAL, Felipe Vegue, destaca que, en resumen, «se estructura legal y económicamente la nueva Gestapo animalista contra el mundo rural».
La norma incluye ideología animalista Gestapo
Otro de los aspectos más graves de esta norma es que incluye ideología animalista que se pretende plasmar en una norma con valor legal.
El mayor ejemplo es que antepone el concepto jurídico indeterminado de ‘derechos de los animales’ al científico del bienestar animal, primando la óptica animalista de la humanización animal.
Asimismo, la propia exposición de motivos es engañosa respecto a los requerimientos del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea o de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
Son destacables las nuevas obligaciones económicas inasumibles para pequeños ayuntamientos, como la gestión de colonias felinas
Por otra parte, este proyecto legislativo supone una clara invasión competencial del Ministerio de Derechos Sociales en cuestiones como la sanidad animal, la biodiversidad y la caza, y conllevará un gran incremento de gasto público y privado asociado.
Son muy destacables las nuevas obligaciones económicas inasumibles para pequeños ayuntamientos, como la gestión de colonias felinas, que irán en detrimento de mejora de servicios públicos o infraestructuras y que suponen un nuevo agravio para la población que reside en el mundo rural.
Sanciones absolutamente desproporcionadas: puede ser más gravoso económicamente atropellar a un gato que a un niño
Por último, las sanciones que incluye son absolutamente desproporcionadas, con infracciones que alcanzan los 200.000 euros (a modo de reflexión comparativa las sanciones muy graves de la normativa de tráfico son de hasta 20.000 €).
Esta sanción puede aplicarse, por ejemplo, si se da el caso de un atropello con muerte de un ‘gato comunitario’, una nueva definición de lo que hasta ahora era un gato callejero, lo que puede llevar al absurdo de que sea más gravosos económicamente atropellar a un gato que a un niño.
«Es vergonzoso que se obligue por ley a la climatización de los transportes de animales, y sin embargo no lo sea en las guarderías o residencias de ancianos», añade Vegue
Otro aspecto que se incluye, de forma errónea o mal intencionada, es la obligación de que el transporte de aquellos animales de compañía destinados a actividades deportivas o lúdicas, incluidas las cinegéticas, que se efectúe mediante remolques, carros o jaulas, disponga de un sistema de climatización.
ARRECAL recuerda que no existe ninguna normativa europea ni internacional que recoja este extremo.
Hay que tener en cuenta que los actuales medios de transporte habituales ya recogen una buena ventilación o refugio comprobado por las autoridades veterinarias competentes que son suficientes para viajes confortables de nuestros animales ante diferentes condiciones meteorológicas, pero un sistema de climatización obligatorio es insostenible.
«Es vergonzoso que se obligue por ley a la climatización de los transportes de animales, y sin embargo no lo sea en las guarderías o residencias de ancianos», insiste el presidente de ARRECAL.
Inseguridad jurídica para las rehalas Gestapo
En esta misma línea, destaca la modificación de definición de animal abandonado que pondrá en el punto de mira la mayoría de las instalaciones que albergan perros fuera de los domicilios, suponiendo una nueva inseguridad jurídica para las rehalas, las cuales ya muchas se alojan en núcleos zoológicos perfectamente regulados.
ARRECAL propone una enmienda a la totalidad de este proyecto normativo
Para la Asociación de Rehalas Regionales ARRECAL, a pesar de la exclusión general de los perros de caza de la norma, sólo estas cuestiones ya justifican de manera contundente una enmienda a la totalidad de este proyecto normativo, tal y como vienen defendiendo cientos de científicos del CSIC, u organizaciones profesionales representativas de los colectivos de veterinarios, ingenieros agrónomos y forestales.
De nuevo, desde ARRECAL se solicita formalmente la dimisión del director general de los Derechos de los Animales, Sergio García Torres, y de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por ser los máximos responsables políticos del desarrollo de estas normativas tan lesivas para el mundo rural y la caza.
