Manuel Gallardo trasladará, cuando se forme el nuevo gobierno, una propuesta para modificar el artículo 510 que castigue acciones como las cometidas por los animalistas durante esta media veda
El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, solicitará al futuro Gobierno de España y a los principales partidos políticos de la oposición la modificación del artículo 510 del Código Penal, para que no queden impunes agresiones y ataques como los recibidos por los cazadores durante las últimas semanas.
En un documento que se remitirá cuando se forme el nuevo ejecutivo, Gallardo solicitará a las distintas formaciones la modificación del citado artículo, para que sean castigados como delitos de odio los ataques a cazadores en redes sociales, el boicot de las cacerías, los destrozos en vehículos y puestos de caza o episodios violentos como el del animalista que increpó, forcejeó y quitó el arma a un cazador de 70 años, al que luego encañonó y amenazó de muerte en Olocau (Valencia) el pasado domingo 20 de agosto.
La RFEC comenzará a trabajar con los distintos partidos que firmaron el ‘Compromiso Político con la Actividad Cinegética 2023/27’
De esta forma, la RFEC comenzará a trabajar con los distintos partidos que firmaron el ‘Compromiso Político con la Actividad Cinegética 2023/27’; donde PSOE, Partido Popular (PP) y VOX se comprometieron con el sector cinegético de cara a esta legislatura apoyando medidas por el reconocimiento y el respeto social de la caza, la no criminalización de conductas o juicios de valor previos que perjudiquen su imagen en la sociedad o la creación de un Observatorio de Violencia Animalista.
Manuel Gallardo: «el sector está sufriendo un acoso y una violencia al alza por parte del colectivo animalista»
Para el presidente de la RFEC, la modificación del artículo 510 es una medida «prioritaria» ya que el sector está sufriendo un acoso y una violencia al alza por parte del colectivo animalista, pasando en unos años de «ataques en redes sociales a través de perfiles falsos» a incidentes durante las jornadas de caza que «ponen en peligro la seguridad de los cazadores y la práctica de una actividad legal y fundamental a nivel socioeconómico y ambiental».
