La Federación de Caza de Castilla y León (FCCyL) presenta sus propuestas al anteproyecto de la nueva ley de caza, que son un compendio razonado y tamizado por juristas y técnicos, surgidas de las numerosas que nos han planteado desde clubes deportivos, colectivos que representan a modalidades dentro de la cinegética e incluso cazadores a título personal. También las promovidas desde los órganos ejecutivos de la entidad.
En su nota, la FCCyL indica que antes de abordar cualquier otro análisis de fondo, hay que reconocer que el anteproyecto recoge, de una forma clara en su exposición de motivos, «que la práctica cinegética sostenible es una actividad legítima, de tradición histórica, de relevancia cultural, deportiva, turística y social». La Federación añade «una tan importante al menos como las anteriores, la económica. No obstante, echamos en falta que esa firme declaración de intenciones no se haya trasladado con la misma fuerza en la redacción de su articulado».
De igual forma, señala que valora positivamente la firme voluntad de la Consejería en resolver en este anteproyecto distintas cuestiones de la práctica diaria de la caza y su gestión administrativa «que, con las sugerencias que hemos realizado, y que son de puro sentido común, solucionarán muchos problemas que afectaban al sector».
Prioridad de la caza sobre otras actividades
En las propuestas al anteproyecto, la Federación indica que la prioridad de la caza en las cacerías colectivas sobre otras actividades que puedan desarrollarse en la naturaleza «está plenamente justificada porque la caza es un aprovechamiento que supone un arrendamiento y, por tanto, un coste económico y lo que es más importante, por razones de seguridad».
«Estamos seguros de que, desde el sentido común y la buena fe que ha venido imperando a lo largo de los años, todas las actividades en el medio pueden ser compatibles y lo que es más importante seguras para todos (la siniestralidad de la caza con respecto a otros usuarios es casi nula)», comenta.
Sentencias judiciales
La trayectoria judicial de la Caza en Castilla y León «nos ha marcado mucho a todos en los últimos años y este anteproyecto está muy condicionado por la parte de la sociedad que rechaza la caza y por las últimas resoluciones judiciales que han puesto en riesgo la actividad».
Estas cautelas, que pueden ser loables, se convierten en errores si se rompe el equilibrio pretendiendo agradar al sector animalista y al ecologismo radical, que realmente pretende la desaparición de la caza y no una buena regulación y que utilizan para ello la justicia con el pretexto de una pretendida práctica ordenada.
Por otra parte, se intenta cumplir los mandatos judiciales cargando aún más las obligaciones de los cazadores, que son ya el sector con más exigencias y más controlado, añadiendo cuestiones como el control de capturas tras el lance y la guardería obligatoria, que en el primer caso sugiere algo que es inviable en términos de aplicación, de dudosa legalidad y desde luego muy cuestionables para la propia dignidad del cazador.
Por otra parte la guardería obligatoria añadiría un nuevo coste que puede ser el último golpe para muchos cotos, que no soportarían esa carga y desaparecerían. Así se promueve muy poco la actividad cinegética que pretende la ley.
«El esfuerzo y la colaboración del colectivo, y fundamentalmente del integrado en la Federación, está plenamente demostrado, pero existe un límite social y económico que no podemos sobrepasar».
Reconocimiento federativo
Por otra parte ha propuesto que la Federación y sus cazadores tengan el reconocimiento que merecen, como en otras comunidades autónomas, por la trayectoria de colaboración de esta entidad en todo tipo de proyectos de la Consejería y por ser la representante mayoritaria de la caza deportiva, con una masa social muy fuerte que la respalda y unos fines estatutarios que coinciden plenamente con los objetivos de esta ley.
La Federación confía en que, primero en el seno de la propia Consejería cuando presente el proyecto de ley, y luego en las Cortes, «donde ya hemos establecido contactos con los principales partidos allí representados, podamos contribuir eficazmente a conseguir una ley que, respetando el necesario equilibrio medioambiental, sea buena para los cazadores».
