El Parlamento gallego aprobó el 17 de diciembre pasado la Ley de Caza de Galicia, con los votos del Partido Popular, mientras se abstuvo el PSdeG, que admitió la necesidad de renovar una ley de hace dieciséis años, aunque no las soluciones que la norma propone, y se mostraron en contra Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y el BNG.
El popular Santiago Freire destacó la envergadura de esta actividad, para la que hay en Galicia 50.000 licencias y la justificó por los cambios en el territorio desde la anterior norma, que data de 1997.
Apuntó que el ámbito de aplicación de la ley es más del 80% del territorio gallego y que esta actividad genera 90 millones de euros anuales vinculados a la alimentación de perros, venta de remolques, fabricación y venta de armas, vestuarios y complementos, actividad hostelera o la contratación de gestorías. Además, destacó la función social de la caza y citó que el pasado año se abatieron en Galicia unos quince mil jabalíes, con lo que se han evitado daños en la agricultura y la ganadería.
La oposición
La oposición insistió, al igual que habían apuntado sus portavoces durante la tramitación de la norma, en que no avanza en materia de seguridad, no resuelve los problemas causados por la fauna salvaje y no dinamiza el medio rural.
La diputada socialista Patricia Vilán remarcó que le sigue causando dudas el fondo de corresponsabilidad para los daños por animales salvajes, puesto que no existen fondos consignados en la ley.
Además, lamentó que el PP no aceptase que la edad mínima para poder cazar sean los 18 años, y no los 16 que mantiene la ley para una actividad en la que se emplean armas, y recordó que en España, por debajo de esta edad no se puede conducir, mientras una joven de 16 tampoco tiene capacidad para decidir si quiere o no abortar, según los planes del PP.
Antón Sánchez, de AGE, también defendió elevar la edad mínima para ejercer esta actividad “peligrosa” y la exigencia de que haya que cazar en perfectas condiciones físicas y mentales, mientras criticó que no se aceptasen enmiendas de su grupo, como una que apostaba por controles de alcoholemia “preventivos” entre los cazadores.
A su juicio, la norma no avanza en las medidas de seguridad ni en la conservación de especies cinegéticas.
Para la nacionalista Ana Pontón, el proyecto de ley ni avanza en el papel social o tradicional de la caza ni en una gestión más democrática.
Fuente: efeverde.com
